La Comisión Europea acusa a Rumanía de la transposición incompleta de las normas de la UE sobre la asistencia judicial
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La Comisión Europea ha abierto procedimientos de infracción contra Rumanía y Eslovenia por la incorrecta transposición de las normas de la UE sobre asistencia judicial para sospechosos e inculpados, afirmando que Rumanía concede este derecho solo a las personas formalmente acusadas, no a aquellas que solo tienen la calidad de sospechosos.
En resumen
La Comisión ha enviado a Rumanía y Eslovenia cartas de requerimiento en el caso de la asistencia judicial.
La directiva en cuestión es la Directiva (UE) 2016/1919.
La Comisión dice que Rumanía y Eslovenia ofrecen asistencia judicial solo a las personas formalmente acusadas, no a los sospechosos.
Para Eslovenia, Bruselas también indica otros problemas adicionales de transposición.
Los dos estados tienen dos meses para responder.
El ejecutivo europeo afirma que el derecho de la UE busca proteger los derechos fundamentales de los sospechosos e inculpados, incluidas las personas solicitadas en virtud de una orden de detención europea. Con este fin, la directiva establece estándares mínimos comunes, considerados necesarios para que las decisiones judiciales tomadas en un estado miembro puedan ser reconocidas por los demás estados miembros.
En la evaluación de la Comisión, Rumanía y Eslovenia otorgan asistencia judicial solo a las personas que han sido formalmente acusadas de un delito, no a aquellas que son solo sospechosas de haber cometido un delito. En el caso de Rumanía, esta es la deficiencia señalada explícitamente en el documento de la Comisión.
Para Eslovenia, la Comisión menciona problemas adicionales. Según su evaluación, la legislación eslovena prevé asistencia judicial solo a solicitud, no garantiza la asistencia judicial en situaciones de detención preventiva y permite que algunas decisiones en etapas tempranas del procedimiento sean tomadas por la policía, no por una autoridad competente e independiente, como un tribunal.
La Comisión ha enviado cartas de requerimiento a ambos estados, que ahora tienen dos meses para responder y para remediar las deficiencias señaladas.
La Comisión describe la infracción como el instrumento formal mediante el cual busca el cumplimiento del derecho de la UE por parte de los estados miembros. Los cuatro tipos principales de casos son la no transmisión de las medidas nacionales, la no conformidad de la legislación nacional con las directivas, la violación de los tratados, reglamentos o decisiones de la UE y la aplicación incorrecta del derecho de la Unión por parte de las autoridades nacionales.
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