Las empresas europeas que intentan reducir sus dependencias de China se enfrentarán a un marco jurídico chino más capaz de investigar, restringir o sancionar acciones consideradas perjudiciales para la seguridad económica del país, sostiene un informe publicado por el Mercator Institute for China Studies, MERICS. Los autores interpretan las nuevas regulaciones de 2026 como el paso de reacciones puntuales a un sistema más institucionalizado, capaz de supervisar vulnerabilidades, proteger tecnologías y cadenas industriales y responder a medidas extranjeras de reducción de riesgos o control.
La formulación debe separarse de los objetivos declarados por Pekín. El Reglamento del Consejo de Estado sobre la seguridad de las cadenas industriales afirma que pretende prevenir riesgos, aumentar la resiliencia y proteger la estabilidad económica y la seguridad nacional, mientras que el Ministerio de Comercio presenta los nuevos procedimientos de investigación como instrumentos para mantener la estabilidad de las cadenas chinas y globales. La idea de que estos instrumentos forman una estrategia de «anti-reducción de riesgos» frente a Europa es la interpretación de MERICS sobre cómo pueden utilizarse las normas, no la formulación oficial de las autoridades chinas.
En resumenEl Consejo de Estado creó en 2026 un mecanismo coordinado para supervisar y proteger la seguridad de las cadenas industriales y de suministro.
El Ministerio de Comercio puede investigar a Estados, organizaciones o empresas extranjeras por determinadas restricciones o interrupciones consideradas perjudiciales para las cadenas chinas y puede proponer medidas comerciales, de inversión o de acceso a datos.
Otras normas de 2026 reforzaron los mecanismos de respuesta a la aplicación extraterritorial de la legislación extranjera y el control de seguridad sobre las inversiones chinas en el exterior.
MERICS considera que estos instrumentos pueden aumentar el coste para las empresas que intentan trasladar capacidades de producción, investigación o suministro fuera de China.
El informe recomienda a la UE diversificación, reservas de insumos estratégicos, normas contra la dependencia de un solo país y la disposición a utilizar instrumentos como el instrumento anticoerción, pero estas son recomendaciones de los autores, no nuevas decisiones de las instituciones europeas.
El cambio más concreto es el Reglamento n.º 834 del Consejo de Estado sobre la seguridad de las cadenas industriales y de suministro. Este establece mecanismos de coordinación entre ministerios y administraciones locales, exige la supervisión de los riesgos y pretende mantener bajo control elementos considerados importantes para el funcionamiento de la economía y la seguridad nacional. El ámbito puede incluir materiales, tecnología, finanzas, activos, datos, información, personal, empresas y proyectos.
En junio, el Ministerio de Comercio transformó el marco general en un procedimiento concreto de investigación. El MOFCOM puede abrir investigaciones cuando considere que un Estado, una organización internacional, una empresa o una persona ha impuesto restricciones discriminatorias, ha interrumpido relaciones comerciales normales o ha producido una amenaza material para las cadenas chinas. La autoridad puede solicitar documentos, organizar audiencias, realizar verificaciones y, después de la investigación, proponer restricciones al comercio, las inversiones, las transacciones, la circulación de datos u otras actividades.
El Reglamento prevé incluso la posibilidad de adoptar medidas contra entidades extranjeras que interrumpan, sin un motivo considerado legítimo, las transacciones con organizaciones chinas. MERICS ve aquí una implicación directa para las empresas occidentales que reorganizan sus proveedores o capacidades de producción para reducir los riesgos geopolíticos, ya que una decisión comercial tomada para cumplir normas occidentales puede evaluarse simultáneamente mediante un marco chino de seguridad económica.
Otros dos componentes completan la arquitectura. El Reglamento n.º 835, adoptado en abril, crea mecanismos contra lo que Pekín define como el ejercicio indebido de la jurisdicción extraterritorial por parte de Estados extranjeros, mientras que las nuevas normas sobre inversiones exteriores permiten evaluar la seguridad de operaciones chinas que puedan afectar a la seguridad nacional. El régimen de inversiones exteriores también establece obligaciones relativas a la transferencia de tecnología, datos, capital y otros elementos asociados a las inversiones.
MERICS vincula estas normas a los instrumentos ya utilizados para el grafito, las tierras raras, los imanes, la tecnología para baterías y otros puntos vulnerables de las cadenas globales. El informe sostiene que Pekín intenta eliminar sus propios «chokepoints» tecnológicos, manteniendo al mismo tiempo el control sobre los sectores en los que China tiene posiciones fuertes. Según esta interpretación, los controles de exportación, la supervisión de las inversiones y los instrumentos de represalia pueden funcionar conjuntamente y desalentar el traslado de determinadas capacidades fuera de China.
Los autores advierten de que la respuesta europea tiene un coste económico real. Diversificar proveedores, mantener reservas, firmar contratos a largo plazo con productores alternativos y construir capacidades redundantes suele ser más caro que abastecerse exclusivamente de la fuente más eficiente. Por este motivo, el informe afirma que las empresas individuales están en desventaja si invierten primero en resiliencia, y que los Gobiernos deberían reducir este problema mediante normas comunes y apoyo a proveedores alternativos.
Entre las recomendaciones se incluyen el almacenamiento obligatorio de determinados insumos estratégicos, limitar el abastecimiento desde un solo país, acuerdos firmes de compra para cadenas consideradas fiables y mejorar el acceso de las autoridades europeas a información sobre la exposición de las empresas en Estados de alto riesgo. MERICS también recomienda mantener una capacidad creíble de respuesta mediante los instrumentos comerciales y anticoerción de la UE, sin abandonar el diálogo con Pekín para establecer ámbitos de cooperación más previsibles.
La Unión Europea ha construido por separado su propia política de seguridad económica en torno al fomento de la competitividad, la protección de infraestructuras y tecnologías sensibles y la cooperación con socios. El marco europeo incluye el control de las inversiones extranjeras y la supervisión de determinadas inversiones exteriores, pero los Estados miembros conservan competencias importantes en la aplicación de los instrumentos.
El informe de MERICS no calcula una pérdida industrial inevitable para Europa ni puede predecir cuándo o contra quién se utilizarán los instrumentos chinos. Su contribución consiste en identificar un riesgo de política económica: reducir una dependencia de China puede generar simultáneamente los costes normales de la diversificación y el riesgo de contramedidas por parte de un Estado que ha ampliado su capacidad jurídica y administrativa para proteger sus propias cadenas.
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