Los Estados miembros apoyan nuevas reglas para los derechos sociales de los europeos que trabajan o viven en otro país de la UE

Los Estados miembros han aprobado el acuerdo sobre la modernización de las normas de la UE que protegen los derechos de seguridad social de los europeos que trabajan, viven, se jubilan o buscan un empleo en otro país de la Unión.

En resumen

Los Estados miembros han aprobado el acuerdo entre la Presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo sobre la revisión de las normas de coordinación de la seguridad social. Las nuevas normas buscan proteger los derechos de las personas que trabajan, viven, se jubilan o buscan un empleo en otro Estado miembro. La reforma introduce nuevas reglas sobre las prestaciones de cuidados a largo plazo, las prestaciones familiares, el desempleo transfronterizo y el desplazamiento de trabajadores. El acuerdo prevé una nueva definición de fraude en la coordinación de la seguridad social y herramientas más claras contra el fraude, abusos y errores. El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE deben confirmar formalmente el acuerdo antes de que las nuevas normas entren en vigor.

La Comisión Europea ha acogido con satisfacción la aprobación por parte de los representantes de los Estados miembros del acuerdo sobre la revisión de las normas europeas de coordinación de la seguridad social. El acuerdo se había alcanzado la semana pasada entre la Presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo.

Las nuevas normas se presentan como un paso importante para la movilidad justa de la mano de obra en la UE. Buscan facilitar el trabajo, la vida, la jubilación o la búsqueda de un empleo en otro Estado miembro, con la protección de los derechos de seguridad social de las personas móviles.

La revisión también busca reducir las cargas administrativas y la incertidumbre jurídica para las empresas que operan transfronterizamente. Las normas actualmente en vigor datan de 2010.

Los cambios incluyen una mejor protección de los derechos de seguridad social para las personas que trabajan o viven en el extranjero. El acuerdo establece un régimen coherente para la coordinación de las prestaciones de cuidados a largo plazo e introduce nuevas reglas sobre las prestaciones familiares.

El texto aclara también el trato igual, especificando las situaciones en las que los Estados miembros pueden limitar el acceso a las prestaciones sociales para los ciudadanos de la UE que no trabajan y no buscan activamente un empleo.

Para la movilidad de la mano de obra, la revisión introduce una nueva definición de fraude en la coordinación de la seguridad social. El acuerdo prevé un requisito de afiliación previa de tres meses antes del desplazamiento y un requisito de interrupción de dos meses entre los períodos de desplazamiento, tanto para empleados como para trabajadores autónomos.

Las nuevas normas introducen una obligación de notificación previa para el desplazamiento, con excepciones para los viajes de negocios y los desplazamientos cortos de tres días. El sector de la construcción está excluido de esta excepción.

El acuerdo también incluye nuevos arreglos para la coordinación de las prestaciones de desempleo en casos transfronterizos. Amplía el período en el que una persona puede ir a otro país para buscar un empleo, manteniendo al mismo tiempo el derecho a las prestaciones de desempleo.

Las normas revisadas aclaran la legislación de seguridad social aplicable, especialmente para el desplazamiento de trabajadores y para las actividades realizadas en dos o más Estados miembros.

La cooperación administrativa entre las autoridades nacionales se fortalecerá mediante un mejor intercambio de información sobre el estatus de seguridad social de las personas que trabajan en otro país. El acuerdo introduce procedimientos y plazos más claros en los casos en que existan dudas sobre la validez de los documentos y nuevas herramientas para prevenir el fraude, abusos y errores.

Roxana Menzatu, vicepresidenta ejecutiva para derechos sociales y competencias, empleos de calidad y formación, declaró que las nuevas normas fortalecerán la protección de los trabajadores móviles y la cooperación entre las administraciones nacionales.

"Las nuevas normas fortalecerán la protección social de los trabajadores móviles, mejorando el acceso a las prestaciones y alineándolas con la seguridad social. También facilitarán la prestación de servicios transfronterizos por parte de las empresas, incluso mediante el uso de herramientas digitales. Las nuevas normas también fortalecerán la cooperación entre las administraciones nacionales mediante la mejora del intercambio de información, la introducción de procedimientos y plazos más claros y la provisión de nuevas herramientas para prevenir y combatir el fraude, abusos y errores. Cuento con el Consejo y el Parlamento para la rápida adopción del acuerdo provisional", declaró Roxana Menzatu.

El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE deben confirmar formalmente el acuerdo antes de la entrada en vigor de las nuevas normas.

Cada Estado miembro establece su propio sistema de seguridad social, incluidas las prestaciones otorgadas, las condiciones de elegibilidad, la forma de cálculo de las prestaciones y las contribuciones que deben pagarse. Las normas de la UE no armonizan estos sistemas, sino que los coordinan para las situaciones en las que una persona se desplaza entre Estados.

Aproximadamente 16 millones de ciudadanos europeos viven o trabajan en otro Estado miembro. Las normas europeas coordinan los sistemas nacionales para garantizar la protección social en caso de desplazamientos dentro de la UE, así como en Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

Estas normas facilitan la libre circulación mediante la continuidad de la protección para trabajadores, personas en búsqueda de empleo, estudiantes y otras categorías. También buscan evitar situaciones en las que una persona quede sin cobertura o tenga que pagar contribuciones en varios Estados miembros al mismo tiempo.

Los reglamentos 883/2004 y 987/2009 rigen este marco de coordinación desde 2010. La Comisión propuso la revisión en 2016, para reflejar el aumento de la movilidad de la mano de obra, las evoluciones de los sistemas nacionales de seguridad social y la jurisprudencia relevante.