La investigación se refiere a pérdidas de más de 53 millones de euros, según Eurojust, y a sospechas de que un exfuncionario ucraniano habría recibido dinero para facilitar el contrato. Las autoridades han inmovilizado un inmueble y cuentas bancarias en Francia; no se ha establecido la culpabilidad de las personas investigadas.
Las autoridades francesas y ucranianas llevaron a cabo registros en Francia en el marco de una investigación sobre 67.000 chalecos antibalas comprados para el ejército ucraniano, que no ofrecían la protección declarada, según un comunicado publicado por Eurojust el 29 de octubre. La agencia europea señala pérdidas de más de 53 millones de euros y sospechas de que el dinero recibido por un exfuncionario del Ministerio de Defensa ucraniano habría acabado en inversiones inmobiliarias en Niza.
En resumen
1.Ucrania pagó íntegramente por adelantado los 67.000 chalecos, y un examen independiente realizado después de la entrega constató que los equipos eran de baja calidad y no garantizaban la protección prometida.
2.Eurojust señala pérdidas de más de 53 millones de euros. La suma se presenta en el contexto de la investigación y no representa un perjuicio establecido mediante una condena firme.
3.Se sospecha que un exfuncionario del Ministerio de Defensa facilitó la celebración del contrato en marzo de 2022 a cambio de dinero del proveedor. Los investigadores sospechan que los fondos fueron invertidos a través de otra persona en inmuebles en Niza.
4.La cooperación franco-ucraniana, coordinada por Eurojust, permitió realizar los registros e inmovilizar un inmueble y varias cuentas bancarias. Las medidas no equivalen a una confiscación definitiva ni a la recuperación del dinero.
5.La investigación continúa mediante el examen de las pruebas incautadas. Las personas investigadas se benefician de la presunción de inocencia.
La adquisición se realizó después del inicio de la invasión rusa a gran escala, cuando Ucrania necesitaba urgentemente equipos de protección para los militares. Según Eurojust, el proveedor recibió un pago por adelantado del 100 %. Los problemas se constataron después de la entrega, cuando un peritaje independiente mostró que los chalecos no ofrecían el nivel de protección declarado.
Una parte de la investigación examina cómo se celebró el contrato. El exfuncionario investigado dirigía el departamento responsable del desarrollo del sistema de abastecimiento de materiales del Ministerio de Defensa ucraniano. Los investigadores sospechan que este facilitó el contrato con el proveedor en marzo de 2022 y recibió una remuneración por su intervención.
Según la misma fuente, los fondos presuntamente ilícitos habrían sido invertidos a través de otra persona en propiedades en Niza. Este recorrido financiero llevó la investigación a territorio francés, donde las autoridades pudieron verificar los bienes y ejecutar las medidas judiciales solicitadas por Ucrania.
Eurojust coordinó la cooperación y facilitó la ejecución de varias solicitudes de asistencia judicial internacional. Investigadores ucranianos participaron junto a sus homólogos franceses en la operación y apoyaron el interrogatorio de sospechosos y testigos. La agencia europea apoya a las autoridades nacionales, sin determinar por sí misma la culpabilidad de las personas investigadas. Por parte de Francia intervinieron un juez de instrucción del tribunal de París y la Oficina Central de Lucha contra la Gran Delincuencia Financiera. La parte ucraniana estuvo representada por la Fiscalía General, el Servicio de Seguridad de Ucrania y la Oficina Estatal de Investigaciones.
Durante la operación se inmovilizaron un inmueble y varias cuentas bancarias de las personas presuntamente implicadas. Una medida de este tipo tiene como objetivo mantener los bienes a disposición de la justicia durante el procedimiento. No constituye una confiscación definitiva y no significa que el valor correspondiente haya sido devuelto a Ucrania.
La cooperación se enmarca en el acuerdo firmado por Eurojust y Ucrania en 2016. Ucrania cuenta con un fiscal de enlace en la sede de la agencia en La Haya desde agosto de 2018, lo que facilita el contacto directo con las autoridades judiciales de los demás Estados en casos con pagos o bienes situados en varias jurisdicciones.
La siguiente etapa anunciada es el examen de las pruebas incautadas durante los registros. Estas deberán aclarar la relación entre la adquisición, los pagos presuntamente ilícitos y los activos en Francia.
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