Una operación coordinada con el apoyo de Europol condujo al arresto de 36 personas en Eslovenia, España y Croacia, después de que otras 11 hubieran sido arrestadas anteriormente. Los investigadores sospechan que la red ocultaba drogas en transportes comerciales legales y que recurría a tiroteos, asesinatos, tentativas de homicidio, secuestros y ataques con granadas cuando los cargamentos se perdían o surgían conflictos internos.
Treinta y seis personas fueron arrestadas en una operación internacional llevada a cabo el 6 de octubre contra una red de tráfico de drogas con miembros procedentes también de los Balcanes Occidentales, mientras que otras 11 personas habían sido arrestadas anteriormente en la misma investigación, elevando el total a 47. Europol afirma que los investigadores relacionan la red con tiroteos, asesinatos, tentativas de homicidio, secuestros y ataques con dispositivos explosivos en varios países europeos, y que transportaba las drogas ocultas entre mercancías comerciales legítimas.
En resumen
34 sospechosos fueron arrestados en Eslovenia, uno en España y uno en Croacia en el marco de la operación del 6 de octubre. Otros 11 habían sido arrestados anteriormente.
La policía registró 42 propiedades en Eslovenia y España y confiscó el día de la operación 51 kg de cannabis y 15 kg de anfetamina, así como armas de fuego, joyas y dinero en efectivo.
Los investigadores relacionan la red con tiroteos, asesinatos, tentativas de homicidio, el secuestro de un miembro y ataques con granadas contra miembros del grupo o sus familias.
Las drogas habrían sido transportadas junto con mercancías legales, utilizando camiones, furgonetas y turismos, así como rutas comerciales entre varios Estados europeos.
Las cantidades reconstruidas a partir de las comunicaciones cifradas son mucho mayores que las drogas confiscadas efectivamente. Los sospechosos no han sido condenados y las acusaciones deben demostrarse ante los tribunales.
La operación culminó el 6 de octubre con registros en 42 propiedades de Eslovenia y España. Ese día fueron arrestados 34 sospechosos en Eslovenia, uno en España y uno en Croacia. Europol precisa que otras 11 personas habían sido arrestadas en etapas anteriores de la investigación, por lo que la expresión «casi 50 arrestos» se refiere al total de la operación y no al número de personas detenidas el mismo día.
Durante la acción del 6 de octubre, las autoridades confiscaron 66 kg de drogas, de los cuales 51 kg eran de cannabis y 15 kg de anfetamina, además de armas de fuego, joyas y dinero en efectivo. Estas incautaciones representan únicamente lo encontrado en la operación final y deben distinguirse de las drogas confiscadas en etapas anteriores de la investigación y de los cargamentos que, según los investigadores, reconstruyeron posteriormente basándose en las pruebas.
La principal característica del caso es el vínculo entre el tráfico de drogas y la violencia interna. Según Europol, los investigadores asociaron la red con varios tiroteos, asesinatos y tentativas de homicidio, así como con el secuestro de un miembro. En algunos ataques se habrían utilizado dispositivos explosivos, incluidas granadas de mano, y los objetivos eran principalmente miembros del grupo o sus familiares. Los investigadores consideran que la violencia se utilizaba cuando las drogas se perdían o eran confiscadas, para castigar a las personas consideradas responsables y mantener el control sobre las actividades del grupo. La investigación también identificó una tentativa de homicidio en España.
Europol describe una red formada por ciudadanos de Bosnia y Herzegovina y Serbia, junto con sospechosos de Eslovenia, Bulgaria, Turquía y los Países Bajos. Esta composición no significa que todas las personas de estos países formaran parte de la misma estructura ni que tuvieran la misma responsabilidad penal. Las autoridades investigan las funciones individuales y las distintas actividades atribuidas a los miembros de los grupos implicados.
El método de transporte tenía como objetivo ocultar las drogas en los flujos comerciales habituales. La red habría reclutado conductores principalmente de Eslovenia, Bosnia y Herzegovina y Bulgaria, y habría utilizado camiones, furgonetas y turismos para transportar las sustancias junto con mercancías legales. Los transportes documentados por los investigadores partían de Bélgica, los Países Bajos y España hacia otros Estados europeos, y el uso de las rutas comerciales existentes proporcionaba cobertura a la actividad ilegal. Las entregas legales generaban al mismo tiempo ingresos y reducían los costes de transporte.
Los miembros de la red habrían utilizado plataformas de comunicación cifrada, entre ellas SKY ECC y CryptCom, para organizar los transportes, comunicarse entre sí y reducir el riesgo de detección. Los mensajes recuperados por los investigadores se convirtieron posteriormente en una fuente importante para reconstruir algunos transportes que la policía no había interceptado físicamente.
Entre febrero de 2022 y septiembre de 2026, las autoridades confiscaron en el marco de las investigaciones 253 kg de cocaína, 404 kg de cannabis, 18,8 kg de metanfetamina y 825 gramos de MDMA. También fueron incautados 550 litros de anhídrido acético, una sustancia precursora utilizada en la producción de drogas, así como un arma automática equipada con silenciador, munición y varias pistolas.
Sin embargo, los investigadores consideran que la actividad de tráfico efectivamente realizada fue considerablemente mayor que estas incautaciones. A partir de las comunicaciones de SKY ECC y de otras pruebas, las autoridades reconstruyeron transportes y transacciones adicionales que atribuyen a los sospechosos. Europol afirma que estos serán procesados también en relación con aproximadamente 2,5 toneladas de cannabis, 474 kg de cocaína, 104 kg de heroína, 30 kg de anfetamina y 11,6 kg de MDMA, así como con cantidades de ketamina, hachís, comprimidos de éxtasis y otras sustancias.
Estas cantidades no deben presentarse como drogas confiscadas. Representan volúmenes que, según los investigadores, pueden vincularse a la actividad de la red mediante comunicaciones y otras pruebas, y la responsabilidad penal por esos transportes debe establecerse en los procedimientos judiciales.
La investigación tuvo una dimensión mucho más amplia que los tres Estados en los que Europol informa de los arrestos de la etapa final. Representantes de 22 países participaron en la cooperación policial, y Europol proporcionó análisis, intercambio de información y coordinación operativa. El día de la acción, un experto de Europol y un investigador croata trabajaron en un centro de coordinación instalado en Liubliana, desde donde los arrestos y las operaciones sobre el terreno pudieron seguirse en tiempo real.
En la acción participaron la Policía Nacional eslovena, la unidad de policía judicial de la Guardia Civil de Barcelona y la policía croata. La operación forma parte de EMPACT, el mecanismo europeo mediante el cual las autoridades nacionales, las instituciones y agencias de la UE y los socios internacionales coordinan acciones contra las principales formas de delincuencia grave y organizada.
La lucha contra el tráfico de drogas y el desmantelamiento de las redes criminales más peligrosas figuran entre las prioridades de EMPACT para el ciclo 2026–2029. En este caso, el carácter transfronterizo no se deriva únicamente de la circulación de sustancias entre Estados, sino también del uso de rutas comerciales legales, conductores de varios países, comunicaciones cifradas y violencia que presuntamente se habría ejercido en distintas jurisdicciones.
Europol no menciona a Rumanía entre los países en los que se produjeron arrestos o registros en la operación del 6 de octubre, ni indica ninguna participación de autoridades rumanas en la acción final. La presencia de ciudadanos de varios Estados en la red no permite extender las acusaciones a las comunidades nacionales de las que proceden.
Todas las personas afectadas son sospechosas en esta fase. La información publicada por Europol y por las autoridades participantes describe las acusaciones y los resultados de la investigación policial, y la culpabilidad individual debe ser establecida por los tribunales competentes.
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