Las lagunas en la detección de drones, la dificultad para identificar a los autores de los ataques y la fragmentación de la respuesta entre las autoridades limitan la capacidad de Europa para contrarrestar las campañas híbridas, según un análisis del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS), actualizado el 26 de octubre. El documento muestra cómo acciones con un coste relativamente bajo pueden perturbar infraestructuras y servicios, enfrentando a los Estados a decisiones difíciles sobre el momento y el alcance de la intervención.
En resumen
El análisis del EPRS identifica vulnerabilidades en la detección de drones, la atribución de responsabilidades y la coordinación de la respuesta. Neutralizar una amenaza no resuelve automáticamente el problema de disuadir la campaña de la que esta puede formar parte.
Un incidente aislado no demuestra una campaña híbrida. Importan la coordinación de las acciones, el objetivo estratégico y sus efectos combinados; las amenazas híbridas no implican necesariamente el uso de la fuerza militar.
El informe de la ENISA de 2026, citado por el EPRS, analiza incidentes de 2025. La administración pública representa el 31,8% de los acontecimientos registrados en el conjunto analizado, sin que este porcentaje mida la gravedad de los efectos ni todos los ataques producidos en la UE.
La hoja de ruta europea prevé una capacidad inicial de la Iniciativa Europea de Defensa contra los Drones para finales de 2026 y su plena operatividad para finales de 2027. Son objetivos que deben alcanzarse, no una confirmación de que el sistema ya esté completamente operativo.
La respuesta operativa corresponde principalmente a los Estados miembros, mientras que la UE apoya la coordinación y puede utilizar instrumentos diplomáticos y sanciones. El análisis del EPRS no adopta nuevas medidas, y la resolución del Parlamento de septiembre expresa una posición política.
Para la defensa europea, el problema comienza antes de la interceptación. Los sistemas diseñados para amenazas aéreas convencionales también deben identificar drones pequeños, lentos o que vuelan a baja altitud. Una vez detectado el objeto, las autoridades deben determinar quién puede intervenir y con qué medios. El uso repetido de interceptores caros contra aparatos baratos puede ejercer presión sobre los recursos, mientras que el cierre de un aeropuerto o la interrupción de la actividad de un nodo logístico genera costes incluso sin destruir la infraestructura.
Identificar quién lanzó el dron constituye una dificultad separada. El EPRS sintetiza evaluaciones de expertos según las cuales una detección desigual, unas competencias jurídicas fragmentadas y una atribución demasiado lenta pueden impedir una respuesta eficaz. En ocasiones, las acciones están concebidas para parecer incidentes sin relación entre sí, de modo que las autoridades reaccionen a cada episodio sin detectar la campaña más amplia.
El análisis, titulado «Hybrid warfare — A test for Europe’s defences», está firmado por Linda Tóthová, con la contribución de Laura Zghibarta. Examina el uso de la migración como instrumento de presión, los incidentes con drones y los ciberataques. Es un documento informativo para la labor de los parlamentarios europeos, cuyas evaluaciones pertenecen a los autores; no representa automáticamente la posición oficial del Parlamento.
La relación entre estos ámbitos reside en el objetivo perseguido y en la coordinación. La presión ejercida sobre las fronteras puede combinarse con la manipulación de la información para amplificar las tensiones políticas. En otro escenario explicado por el EPRS, un ciberataque perturba la infraestructura, una operación informativa acentúa la incertidumbre y una acción posterior explota la presión creada. El efecto acumulado puede superar el impacto de cada incidente considerado por separado.
Esto no significa que cualquier robo de datos, dron hostil o sabotaje forme parte de una campaña híbrida. La evaluación debe tener en cuenta a los actores, los objetivos y los vínculos entre las acciones. El EPRS también distingue entre las amenazas híbridas, que no implican necesariamente el uso de la fuerza militar, y la guerra híbrida, descrita como una fase más escalada de la confrontación. El simple uso de la misma tecnología no determina ni la naturaleza de la operación ni la responsabilidad por ella.
En el ámbito de los drones, la respuesta europea busca combinar sensores, sistemas de guerra electrónica y medios de interceptación. La Iniciativa Europea de Defensa contra los Drones, EDDI, tiene como objetivo desarrollar capacidades interoperables y una defensa multinivel, en cooperación con la OTAN. El análisis destaca la importancia de la frontera oriental, en el marco de un esfuerzo más amplio para proteger el espacio y las infraestructuras europeas.
La hoja de ruta de la Comisión para la preparación de la defensa establece dos hitos distintos. Se prevé una capacidad inicial de la EDDI para finales de 2026, y su plena operatividad para finales de 2027. Son objetivos de ejecución; el calendario anunciado no demuestra que los equipos ya se hayan instalado ni que todos los componentes funcionen conjuntamente.
En el ciberespacio, las consecuencias pueden ir desde la indisponibilidad de un sitio web público hasta la perturbación de servicios esenciales. El informe ENISA Threat Landscape 2026, publicado en septiembre y citado por el EPRS, abarca el año natural 2025. La administración pública representa el 31,8% de los acontecimientos registrados en el conjunto analizado. Este porcentaje no describe todos los ataques en la UE y no puede utilizarse por sí solo para comparar la gravedad de los efectos entre sectores.
En la administración predominan los ataques destinados a sobrecargar e inutilizar servicios en línea, conocidos como DDoS. La ENISA señala que el impacto notificado se limitó a menudo a perturbaciones temporales o simplemente reivindicadas de sitios web públicos. Por separado, el uso de técnicas e infraestructuras similares por parte de delincuentes, grupos motivados ideológicamente y actores asociados a Estados complica la identificación de responsabilidades. La inteligencia artificial puede ampliar la velocidad y la escala de las operaciones hostiles, sin que su uso demuestre por sí mismo quién está detrás de un ataque.
Los Estados miembros conservan la responsabilidad principal de la respuesta operativa. A escala europea, los instrumentos existentes permiten la coordinación, medidas diplomáticas, sanciones y apoyo para proteger las infraestructuras. Mediante las conclusiones del 16 de marzo de 2026, el Consejo de la UE reafirmó el uso de los instrumentos disponibles para prevenir, disuadir y contrarrestar las campañas híbridas, respetando las competencias de los Estados.
El Parlamento Europeo pidió, mediante la resolución adoptada el 16 de septiembre, una cooperación más estrecha con la OTAN, la mejora del intercambio de información y la aceleración de las medidas de defensa contra los drones. La resolución expresa una posición política y no crea por sí misma nueva legislación vinculante. Para los expertos sintetizados por el EPRS, la dificultad sigue siendo transformar la información sobre incidentes repetidos en una respuesta coordinada y proporcionada, suficientemente rápida para reducir la ventaja de quienes los organizan.
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