El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, defendió en el Parlamento Europeo una propuesta que ofrecería a las autoridades un marco jurídico más claro para intervenir en los alquileres de corta duración y las viviendas desocupadas. Varios eurodiputados le reprocharon que la respuesta de la Comisión presta muy poca atención a las nuevas construcciones, mientras que los partidarios de la iniciativa insistieron en que las ciudades necesitan herramientas para mantener viviendas disponibles para los residentes.
En resumenLa Comisión propone un marco para intervenir en zonas sometidas a presión en el acceso a la vivienda. Según las explicaciones de Jørgensen, las autoridades decidirían si actúan, y las medidas deberían estar justificadas y ser proporcionales; la iniciativa no obligaría a todas las localidades a imponer restricciones.
La evaluación de las zonas afectadas utilizaría la relación entre los precios de la vivienda y los ingresos, así como la evolución de la presión sobre la asequibilidad. En el debate surgieron temores de que demostrar estas condiciones superaría la capacidad administrativa de las ciudades pequeñas y medianas.
Los críticos piden acelerar las autorizaciones, estimular las inversiones y adoptar medidas para las nuevas construcciones. El comisario respondió que el uso de las viviendas existentes puede contribuir a la oferta, pero precisó que la propuesta no aporta, por sí misma, financiación pública adicional para viviendas sociales o asequibles.
El alquiler ocasional de la vivienda principal es distinto de la actividad a la que se dirige la iniciativa, según el comisario. La simplificación de las normas de construcción y una posible garantía para jóvenes, estudiada junto con el Banco Europeo de Inversiones, siguen siendo iniciativas separadas.
La disputa en la comisión especial para la crisis de la vivienda en la Unión Europea, HOUS, se refiere a cómo puede aumentarse la oferta para quienes buscan una vivienda. Jørgensen sostuvo que las autoridades deben poder intervenir también en los inmuebles existentes, en las zonas donde el uso turístico o su mantenimiento desocupado contribuyen a las dificultades de los residentes. La construcción de nuevas viviendas sigue siendo necesaria, pero, según su argumentación, no agota la respuesta a la crisis.
El comisario explicó la intervención europea mediante las normas del mercado interior: los alquileres de corta duración son servicios, mientras que las adquisiciones inmobiliarias implican la libre circulación de capitales. La iniciativa pretende aclarar en qué condiciones pueden actuar las autoridades nacionales y locales, después de que algunas intervenciones fueran impugnadas ante los tribunales. La elección de las medidas seguiría correspondiendo a las autoridades competentes, en función de la situación local.
Según su presentación, el mecanismo permitiría identificar zonas en las que el acceso a la vivienda está sometido a presión, utilizando la relación entre precios e ingresos y la tendencia al empeoramiento de la asequibilidad. Tal designación proporcionaría la base para medidas que deben estar justificadas y ser proporcionales. Jørgensen precisó que el ejecutivo europeo abandonó la idea de una lista cerrada de intervenciones permitidas, ya que esta corría el riesgo tanto de limitar las opciones locales como de suscitar objeciones relativas a la subsidiariedad.
Borja Giménez Larraz, del Partido Popular Europeo, cuestionó las prioridades de la propuesta y pidió concentrar los esfuerzos en el déficit estructural de viviendas. Invocó la simplificación de los procedimientos, la fiscalidad, la financiación y las asociaciones público-privadas como ámbitos en los que debería estimularse la oferta. Regina Doherty planteó el mismo problema relativo a la secuencia de las medidas: las recomendaciones sobre construcción no responden, en su opinión, a la urgencia con la que la gente necesita nuevas viviendas.
Gaby Bischoff, del grupo de Socialistas y Demócratas, sostuvo en cambio que una mayor claridad jurídica para las ciudades constituye una parte necesaria de la respuesta. Señaló que las localidades tienen necesidades diferentes y que la iniciativa sobre los alquileres de corta duración no debe evaluarse como si fuera la única solución propuesta para toda la crisis. Asimismo, pidió un calendario para las demás medidas.
El apoyo a la intervención estuvo acompañado también de reservas sobre su aplicación. Gordan Bosanac, del grupo de los Verdes, advirtió que las ciudades pequeñas y medianas podrían tener dificultades para demostrar la presión sobre el mercado de la vivienda y acabar dependiendo de consultores. Jørgensen respondió que pretende reducir la burocracia y que, en el mecanismo presentado, la designación de una zona no tendría que notificarse a la Comisión; se mostró abierto a modificaciones durante las negociaciones.
El comisario delimitó también la situación de quienes alquilan ocasionalmente su vivienda principal o una habitación. Según sus explicaciones, esta práctica no es el objetivo de la iniciativa sobre la asequibilidad de la vivienda, porque no modifica del mismo modo la oferta residencial. Las autoridades podrían seguir regulándola mediante otros instrumentos, también para gestionar la presión turística.
En cuanto a las viviendas desocupadas, Jørgensen distinguió entre el uso legítimo de una segunda vivienda y la posesión de un inmueble como inversión, sin alquilarlo. Presentó la posibilidad de intervención local como una respuesta a esta segunda situación. No afirmó que todas las viviendas desocupadas se mantengan con fines especulativos.
Al final, el comisario precisó los límites de la iniciativa: esta no crea recursos adicionales para inversiones públicas en viviendas sociales o asequibles y no resuelve de inmediato los problemas estructurales. La Comisión analiza por separado las normas que ralentizan la construcción y la renovación, incluida la autorización, manteniendo la protección del medio ambiente. Jørgensen confirmó también que está examinando, junto con el Banco Europeo de Inversiones, una garantía para jóvenes, sin anunciar su lanzamiento.
El intercambio de opiniones en HOUS se refiere a una propuesta de la Comisión, no a normas ya aplicables. Jørgensen indicó que el debate con el Parlamento y los Estados miembros puede modificar las soluciones presentadas, incluso para evitar que el nuevo marco cree obstáculos administrativos adicionales.
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