La Comisión Europea y la Alta Representante constatan la restricción de la oposición en Hong Kong y la ampliación de la persecución de activistas en el exilio

La aplicación de la legislación sobre seguridad nacional restringió aún más la oposición política y las libertades en Hong Kong en 2025, mientras que la persecución de activistas en el extranjero afectó por primera vez también a un ciudadano de la UE, constatan la Comisión Europea y la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores. Su informe anual describe la disolución de los partidos de oposición, procesos prolongados y presiones administrativas que afectan a la prensa y la sociedad civil.

En resumen, el informe conjunto de la Comisión Europea y de la Alta Representante abarca el año 2025. Constata la continua erosión de la autonomía de Hong Kong y de las libertades fundamentales en el contexto de la aplicación de la legislación sobre seguridad nacional. Los partidos de oposición que quedaban cesaron sus actividades, y los candidatos a las elecciones legislativas fueron sometidos a un control político. De los 90 escaños, solo 20 eran elegidos directamente. La persecución en el extranjero se amplió a otros 15 activistas, incluido un ciudadano de la UE que vive en Alemania. El balance del informe asciende a 34 personas perseguidas en el extranjero a finales de 2025. Los autores señalan riesgos para un juicio justo en los casos de seguridad nacional, pero precisan que el Estado de derecho permanece en gran medida intacto fuera de estos casos. Hong Kong siguió siendo asimismo un centro empresarial para aproximadamente 1.770 empresas de la UE.

La retirada de la oposición de la vida política es uno de los cambios documentados. El Partido Democrático, en otro tiempo la mayor formación del legislativo local, completó su disolución en diciembre de 2025, después de que la Liga de los Socialdemócratas anunciara en junio que cesaba sus actividades. El informe sitúa estas decisiones en un clima de intensa presión política. En las elecciones legislativas de diciembre, todos los candidatos tuvieron que superar un control político y solo 20 de los 90 escaños eran elegidos directamente por la población.

Los procesos penales redujeron, a su vez, el margen de acción de los opositores. El informe registra el veredicto de culpabilidad dictado en diciembre de 2025 contra el empresario de medios Jimmy Lai, por dos cargos en virtud de la ley de seguridad nacional y otro relacionado con publicaciones sediciosas. El juicio tuvo 156 días de vistas, frente a los 83 previstos inicialmente. Los autores señalan los retrasos, la prolongada prisión preventiva y el uso del aislamiento en los casos de seguridad nacional como motivos de preocupación para el derecho a un juicio justo.

La aplicación de los nuevos delitos también alcanzó a familiares de activistas en el exilio. Kwok Yin-sang, padre de la activista Anna Kwok, fue juzgado en 2025 por la supuesta gestión de fondos o activos financieros de su hija. Según el informe, era el primer caso en el que un familiar de un activista perseguido era acusado de un delito de seguridad nacional; el juicio concluyó en diciembre y estaba previsto que el fallo se dictara en 2026.

Fuera del territorio, las autoridades ampliaron la persecución de personas asociadas con la organización Hong Kong Parliament. El anuncio de la policía de julio de 2025 se refería a 19 personas, cuatro de las cuales ya figuraban en la lista de perseguidos, mientras que para las otras 15 se anunciaron recompensas. El informe de la UE indica un total de 34 personas perseguidas en el extranjero a finales de año y precisa que entre las nuevas personas señaladas se encontraba un ciudadano europeo residente en Alemania.

Las autoridades de Hong Kong sostienen que estas acciones persiguen delitos de subversión. En una declaración de julio de 2025, emitida en respuesta a las críticas británicas, el Gobierno local acusó a Hong Kong Parliament de intentar socavar el poder del Estado por medios ilegales y defendió las medidas policiales como necesarias y legítimas. El Gobierno afirmó asimismo que la protección de la seguridad nacional es compatible con el respeto de los derechos y las libertades.

Las presiones descritas por el informe van más allá de los procesos penales. Los autores señalan el uso de controles fiscales, restricciones al acceso a espacios para eventos y la retirada de autorizaciones o acreditaciones para ejercer presión sobre periodistas, activistas y organizaciones cívicas. En 2025 también se introdujeron condiciones de seguridad nacional para casi 20 tipos de licencias y permisos comerciales, incluidos los de restaurantes y panaderías, con la posibilidad de revocarlos por determinadas conductas de sus titulares, empleados o subcontratistas.

Sin embargo, el informe mantiene una distinción entre los casos de seguridad y el resto del sistema judicial. «Aunque el Estado de derecho permanece en gran medida intacto fuera de los casos de seguridad nacional, existe el riesgo de que los efectos se extiendan», consideran los autores. El documento también muestra que el acceso a internet siguió siendo en gran medida abierto, lo que permitió consultar prensa independiente, y que algunas sentencias judiciales de 2025 protegieron la libertad de expresión.

La evaluación crítica se produce en el marco de una relación económica aún amplia. En 2025, aproximadamente 1.770 empresas de la UE operaban en Hong Kong, mientras que el comercio bilateral de bienes ascendía a 27.700 millones de euros. El número de empresas europeas había aumentado respecto al año anterior, aunque la presencia de sedes regionales y oficinas regionales seguía por debajo del nivel de 2019. Por tanto, los datos del informe no describen una retirada general de las empresas europeas.

Para la UE, la persecución de activistas en el extranjero también afecta al ejercicio de las libertades en territorio europeo. En su reacción de julio de 2025, la Unión calificó el señalamiento del ciudadano de la UE como un intento de intimidación y pidió retirar las órdenes y recompensas emitidas en virtud de la ley de seguridad nacional. El informe anual también registra el seguimiento de los procesos por parte de la Oficina de la UE y de los consulados de los Estados miembros, que realizaron más de 50 observaciones de procedimientos judiciales en 2025.