Los pacientes con enfermedades crónicas y discapacidades temen que la reforma del Gobierno de Rumanía los excluya de tratamientos gratuitos y ayudas, bajo el pretexto de alinearse a estándares internacionales.

Los pacientes con enfermedades crónicas y discapacidades en Rumanía están preocupados por la reciente reforma adoptada por el Gobierno, que redefine los criterios de clasificación en grado de discapacidad. Esta, bajo el pretexto de alinearse a estándares internacionales, arriesga excluir a miles de personas del apoyo financiero y de los tratamientos gratuitos. Las críticas apuntan a que el nuevo Orden 2300/1457/2025 mantiene una visión estrictamente médica, ignorando el modelo biopsicosocial, que analizaría el impacto de la enfermedad en la vida cotidiana.

Los pacientes acusan que la reforma es una simple cosmetización estadística, que reducirá artificialmente el número de personas con discapacidades y generará ahorros presupuestarios a expensas de los más vulnerables. Además, la falta de un marco normativo para la integración de personas con discapacidades en la comunidad y la ignorancia de los estándares internacionales levantan interrogantes sobre el respeto a los derechos humanos.

Esta medida llega en un contexto en el que el sistema de salud está subfinanciado, y los pacientes enfrentan la falta de medicamentos esenciales y de servicios de atención. Las críticas se centran en que el estado prioriza los privilegios administrativos en detrimento del apoyo a los ciudadanos vulnerables, lo que podría llevar a un aumento de la marginación y la pobreza entre ellos.