Rumanía ha asumido la reforma de las pensiones de los magistrados a través de los compromisos del PNRR, y la paralización de este proceso por parte de los magistrados genera pérdidas de 231 millones de euros, declaró el ministro de Inversiones y Proyectos Europeos, Dragoș Pîslaru. Subrayó que Rumanía ya no puede permitirse pensiones especiales, apelando a la equidad en el sistema público de pensiones para todas las categorías profesionales, incluidos magistrados, médicos, profesores y policías. Pîslaru expresó su solidaridad con la viceprimer ministra Oana Gheorghiu, quien fue criticada por el Consejo Superior de la Magistratura por sus declaraciones sobre las pensiones especiales. Esta reforma se considera crucial para la sostenibilidad financiera del país.
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