Ambiciones climáticas y pragmatismo económico

Ambición climática y pragmatismo económico, de ninguna manera «ambición o pragmatismo». De este matiz realista necesita toda Europa para reconstruir su arquitectura de competitividad industrial y energética.

El contexto europeo está marcado por tensiones geopolíticas, perturbaciones de las cadenas de suministro de energía y volatilidad de los precios, factores que han puesto a prueba la resiliencia del sistema energético europeo en los últimos años, pero que también han empujado a la industria europea al borde de una brecha de competitividad. Europa necesita soluciones que combinen la seguridad y la previsibilidad del suministro, condiciones favorables para las inversiones y acceso a la energía a costes competitivos para los consumidores.

Esta es una de las direcciones exigidas por seis organizaciones de Bulgaria, Chequia, Grecia, Polonia, Rumanía y Eslovaquia – Bulgarian Petroleum and Gas Association (BPGA), Czech Association of Petroleum Industry and Trade (CAPPO), Hellenic Petroleum Marketing Companies Association, Polish Petroleum Industry and Trade Organisation (POPiHN), Federația Patronală a Energiei (FPE) y Slovak Association of Fuel Industry and Trade (SAPPO) – que firmaron recientemente en Sofía la Declaración de lanzamiento de la Alianza de la Energía de los Estados de Europa Central y Oriental. La Declaración reafirma, al mismo tiempo, el compromiso de las organizaciones firmantes con los objetivos climáticos de la Unión Europea, incluida la consecución de la neutralidad climática para 2050.

A nivel de las grandes cancillerías europeas y de las instituciones de Bruselas, la arquitectura de la transición verde parece ya finalizada sobre el papel. Los objetivos climáticos se han trazado con precisión matemática, y el calendario de descarbonización se presenta como un camino sin retorno. Sin embargo, desde la perspectiva de Europa Central y Oriental, la realidad sobre el terreno es fundamentalmente distinta. El gran desafío del momento ya no consiste en formular objetivos espectaculares, sino en la capacidad técnica, financiera y estructural de ponerlos efectivamente en práctica. Para que la transformación energética no se bloquee en un punto muerto sistémico, los líderes del continente deben aceptar una verdad incómoda: Europa no debe elegir entre ambición y pragmatismo, sino que necesita vitalmente ambas cosas.

Vista desde nuestra región, la transición no es un ejercicio abstracto de redacción legislativa, sino una prueba de resistencia para la infraestructura y la competitividad. Desde el estallido de la crisis energética, la seguridad del suministro y el mantenimiento de la capacidad industrial se han convertido en prioridades estratégicas incontestables. Sin embargo, la manera en que se conciben las nuevas regulaciones europeas corre a menudo el riesgo de crear brechas peligrosas entre las nobles intenciones y las posibilidades de ejecución. Al evaluar cualquier medida medioambiental, debemos plantearnos simultáneamente tres preguntas esenciales: ¿preserva la seguridad del suministro, permite a las empresas europeas seguir siendo competitivas e invertir, y reduce realmente las emisiones? Si se alcanza un solo objetivo a costa de sacrificar los otros dos, toda la estructura pierde su equilibrio y requiere una recalibración urgente.

La ruptura entre la ambición política y la realidad técnica es más visible en el Reglamento sobre la reducción de las emisiones de metano (MER). Aunque el sector energético apoya sin reservas los objetivos medioambientales, la aplicación práctica del MER amenaza con golpear los fundamentos de la producción interna y de las importaciones. En cuanto a la producción nacional, los requisitos rígidos ignoran el ciclo natural de vida de la infraestructura existente y el lento ritmo de los procesos administrativos de autorización. En cuanto a las importaciones, se exige a las empresas que garanticen verificaciones imposibles de obtener en cadenas internacionales de suministro de una complejidad enorme. La solicitud de la industria de introducir un enfoque de «detener el cronómetro» hasta que se aclaren las metodologías no es un intento de eludir la responsabilidad, sino un llamamiento a la razón: no se puede exigir el cumplimiento en un marco jurídico incierto e inaplicable desde el punto de vista técnico.

Otro ejemplo revelador del enfoque fragmentado es la Ley sobre la industria de cero emisiones netas (NZIA). En cuanto a las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono (CCS), la Unión Europea ha establecido un ambicioso objetivo de almacenamiento de 50 millones de toneladas al año. Sin embargo, el almacenamiento de dióxido de carbono no puede existir de forma aislada, como una simple obligación administrativa, sin una infraestructura integrada de captura y transporte, ni una demanda real en el mercado. Casos extremos, como el de Rumanía —donde solo tres empresas se encuentran en la situación de cargar sobre sus hombros con el 20 % de todo el objetivo de almacenamiento de la Unión Europea—, demuestran el riesgo de que unas obligaciones desproporcionadas desincentiven las inversiones y creen cuellos de botella críticos. En lugar de un simple mandato coercitivo, Europa tiene el deber de construir un mercado funcional basado en toda la cadena de valor.

Todas estas vulnerabilidades convergen en lo que constituye, en esencia, la gran apuesta de la transición: Europa no alcanzará sus objetivos medioambientales mediante la acumulación interminable de normas, sino atrayendo un capital masivo, facilitado por una regulación inteligente. En ausencia de previsibilidad legislativa y de modelos de negocio viables, obligamos al capital privado a migrar hacia otras regiones del mundo más favorables a las inversiones, precisamente en el momento en que más lo necesitamos en casa. El éxito de la política energética no se mide por el volumen de restricciones adoptadas en Bruselas, sino por los gigavatios de energía limpia y resiliencia que logramos aportar a la economía.

Todo lo relacionado con el ser humano puede ser resuelto por el ser humano, si se demuestra que está equivocado. Para corregir este rumbo, las instituciones europeas deben abandonar la práctica de consultar a la industria solo después de que las leyes ya hayan sido redactadas, cuando las conversaciones se limitan a gestionar los daños. La experiencia técnica de quienes operan las redes y la infraestructura debe escucharse desde la fase inicial de concepción legislativa. De lo contrario, la distancia entre la decisión política y la realidad económica seguirá profundizándose.

La transición energética de Europa Central y Oriental no es un esprint ideológico, sino un maratón de infraestructura que requiere recursos, tiempo y pragmatismo. Si queremos que este proyecto histórico tenga éxito sin desestabilizar las economías nacionales, debemos entender que el rigor técnico no anula la ambición, sino que le proporciona sostenibilidad.

La lección fundamental de estos años es clara y ya no puede ignorarse: Europa no debe elegir entre ambición y pragmatismo. Necesita ambas cosas simultáneamente.