Varios países europeos conceden o analizan conceder a los operadores de infraestructuras críticas el derecho a detectar, interferir y derribar drones, ante el temor de que los ataques o incursiones puedan afectar a las redes energéticas y dejar a millones de personas sin electricidad. Las medidas se analizan en el contexto de la intensificación de los ataques híbridos tras la invasión rusa de Ucrania, en 2022.
Francia adoptó en agosto una ley que permite a los operadores y a determinados proveedores autorizados utilizar sistemas antidrones cerca de algunas instalaciones designadas. París quiere que las infraestructuras críticas estén protegidas para 2027 y prueba, en Brétigny-sur-Orge, equipos de interferencia y drones interceptores.
Polonia ya ha autorizado a unidades de seguridad que trabajan para operadores a destruir, neutralizar o tomar el control de drones en las zonas restringidas alrededor de las infraestructuras energéticas. Alemania analiza la implicación legal de las empresas, mientras que Austria tiene la intención de conceder prerrogativas similares a los operadores, incluidos los del sector energético.
El principal obstáculo sigue siendo la responsabilidad jurídica. Derribar un dron puede provocar víctimas o daños en tierra, y las empresas temen intervenir sin normas claras sobre la autoridad para tomar decisiones y las consecuencias de una acción errónea. Paralelamente, los operadores invierten en sensores, sistemas automatizados y planes para restablecer las redes tras posibles ataques.
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