La Comisión Europea ha identificado que las plataformas Facebook e Instagram, propiedad de Meta, no cumplen con la legislación de la Unión Europea, en particular con la Ley de Servicios Digitales (DSA), debido a la falta de métodos simples y eficaces para que los usuarios informen sobre contenido ilegal, incluidos abusos a menores y contenido terrorista. Meta ha sido acusada de utilizar "modelos engañosos" que complican el proceso de denuncia.
Además, la Comisión ha destacado las dificultades de los usuarios para impugnar las decisiones de bloqueo de cuentas, así como el acceso insuficiente a datos para los investigadores. Si se confirman los hallazgos, Meta se arriesga a multas de hasta el 6% de su facturación global. Los representantes de Meta niegan estas acusaciones, afirmando que han implementado cambios para cumplir con los requisitos legales.
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