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Los eurodiputados han lanzado los trabajos parlamentarios sobre los planes nacionales y regionales para el presupuesto de la UE 2028–2034, advirtiendo que la propuesta de la Comisión podría cambiar fundamentalmente la forma en que se gestiona casi el 44% del futuro marco financiero plurianual.
El lanzamiento de los trabajos parlamentarios sobre el reglamento relativo a los planes nacionales y regionales de asociación marca uno de los momentos más sensibles de la preparación del presupuesto de la UE para el período 2028–2034. No se trata de ajustar algunas líneas presupuestarias o de redistribuciones marginales, sino de un cambio de arquitectura que podría redefinir la forma en que se gestiona casi la mitad del futuro marco financiero plurianual.
En resumen
1.Casi el 44% del futuro presupuesto de la UE se gestionará a través de planes nacionales.
2.Los eurodiputados temen una recentralización de las decisiones a nivel gubernamental.
3.La política de cohesión se describe como el "soft power" de la Unión.
4.La agricultura pide que se mantenga la financiación de la PAC en términos reales.
5.El Parlamento exige un papel central en la definición de las reglas del MFP 2028–2034.
El hecho de que la propuesta de la Comisión afecte aproximadamente al 44% del MFP explica el tono inusualmente duro de los ponentes del Parlamento Europeo. Desde el principio, los eurodiputados transmiten que este expediente no será tratado como una simple reforma técnica, sino como un punto de inflexión político e institucional. Karlo Ressler (PPE, Croacia), ponente de la Comisión de Presupuestos, ha descrito explícitamente el reglamento como un "punto de inflexión", señalando que la apuesta va mucho más allá del equilibrio contable del presupuesto.
El elemento central de la propuesta es la consolidación de varias políticas de la UE – desde la agricultura y la cohesión hasta la pesca, la seguridad alimentaria o las dimensiones sociales – en planes nacionales gestionados a través de "envelopes" presupuestarias. En la lógica de la Comisión, este modelo ofrecería más flexibilidad y permitiría adaptar las inversiones a las necesidades específicas de cada Estado miembro.
Para el Parlamento, sin embargo, esta flexibilidad oculta un gran riesgo: la recentralización de las decisiones y el debilitamiento del carácter común de las políticas europeas. Andrey Novakov (PPE, Bulgaria), ponente de desarrollo regional, ha expresado esta preocupación sin ambigüedades, insistiendo en que el Parlamento debe asegurarse de que los planes sean "más regionales que nacionales, más cohesivos que divisivos". El mensaje es claro: si las regiones, ciudades y áreas rurales son relegadas a un segundo plano, la política de cohesión corre el riesgo de perder su razón de ser.
Uno de los ángulos más relevantes de este expediente es la reinterpretación de la política regional como un instrumento de soft power. Novakov ha subrayado que los 780 mil millones de euros gestionados a través de estos planes no son solo dinero, sino capital político. En un contexto marcado por la inestabilidad geopolítica y presiones internas, las inversiones de la UE son "apreciadas cuando son necesarias" y refuerzan la legitimidad del proyecto europeo a nivel local.
Esta lectura explica por qué el Parlamento insiste en mantener una dimensión regional fuerte. Si los fondos son percibidos como simples transferencias nacionales, el vínculo directo entre la UE y los beneficiarios finales se diluye. En cambio, cuando las inversiones son visibles en comunidades, ciudades y regiones, la Unión es "valorada y recordada", como ha formulado el ponente de REGI.
En paralelo al debate sobre la cohesión, la agricultura aparece como un segundo frente sensible. Elsi Katainen (Renew Europe, Finlandia), ponente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, ha advertido que la propuesta contiene un cambio significativo frente a la estructura tradicional del MFP y que casi la mitad del presupuesto está en juego. En este contexto, su demanda es explícita y carente de ambigüedad: la financiación de la futura Política Agrícola Común debe "al menos mantenerse al nivel actual, en términos reales".
El mensaje de AGRI es uno de continuidad y estabilidad. Para el Parlamento, la reforma de la arquitectura presupuestaria no puede convertirse en un pretexto para erosionar la financiación agrícola o para diluir los dos pilares de la PAC. Este punto es esencial, especialmente en un momento en que las presiones sobre el presupuesto de la UE aumentan y la competencia entre prioridades se vuelve cada vez más intensa.
Más allá de cifras y políticas sectoriales, el expediente de los planes nacionales y regionales de asociación abre un conflicto institucional clásico, pero amplificado: ¿quién controla el dinero de la UE y en nombre de quién? La Comisión propone un modelo más integrado a nivel nacional, mientras que el Parlamento reclama un papel central para las regiones y para el control democrático de las asignaciones.
El hecho de que los eurodiputados hablen de "co-redacción de las reglas" junto con las regiones y las autoridades locales indica la clara intención de reequilibrar el poder en las negociaciones que se avecinan con los Estados miembros. No es casualidad que el Parlamento esté preparando en paralelo un informe interino y que la votación en el pleno esté programada para mayo de 2026: el legislativo europeo refuerza su posición antes del enfrentamiento final sobre el MFP.
En esencia, esta reforma no se trata solo de eficiencia o simplificación, sino del modelo de Unión Europea que será financiado en la próxima década. Una Unión en la que los gobiernos nacionales se convierten en el principal filtro de las inversiones o una en la que las regiones y comunidades siguen siendo actores centrales de las políticas comunes.
A través del tono y el contenido de las declaraciones, el Parlamento Europeo transmite que no aceptará una transformación "silenciosa" del presupuesto de la UE. El expediente de los planes nacionales y regionales de asociación se trata como una prueba de resistencia para la cohesión europea, para el papel del Parlamento y para la capacidad de la Unión de seguir siendo más que una suma de prioridades nacionales empaquetadas en un marco común.
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