Los negociadores del Parlamento rechazan la reducción del 8 % del futuro presupuesto de la UE propuesta por la Presidencia irlandesa

La Presidencia irlandesa del Consejo ha puesto sobre la mesa de los Estados miembros una opción para el presupuesto de la UE de 2028–2034 que reduce en aproximadamente un 8 % el límite máximo total propuesto anteriormente por la Comisión Europea. Calculada a precios constantes de 2025, la diferencia es de aproximadamente 141.000 millones de euros: de 1.763.056 millones de euros en la propuesta de la Comisión a 1.622.011 millones de euros en el nuevo documento de negociación.

La reducción no se distribuye de manera uniforme. Para la rúbrica dedicada a la competitividad, la prosperidad y la seguridad, la propuesta baja de 522.205 a 455.600 millones de euros, aproximadamente un 12,75 %. Para la rúbrica Global Europe, que agrupa gran parte de la acción exterior de la UE, el límite máximo baja de 190.000 a 156.936 millones de euros, un 17,4 %. Estas cifras representan límites máximos de compromisos para siete años, no dinero ya gastado ni pagos que vayan a reducirse de inmediato.

En resumen, la propuesta de la Comisión para el MFP 2028–2034 contemplaba compromisos por valor de 1.763.056 millones de euros a precios constantes de 2025. La opción irlandesa prevé 1.622.011 millones de euros. La diferencia es de 141.045 millones de euros, equivalente a una reducción aproximada del 8 % frente a la propuesta de la Comisión. La rúbrica «Competitividad, prosperidad y seguridad» disminuye aproximadamente un 12,75 %, mientras que la rúbrica Global Europe lo hace un 17,4 %. Siegfried Mureșan, Carla Tavares, Danuše Nerudová y Sandra Gómez López cuestionan tanto el nivel del gasto como la falta de avances sobre los nuevos recursos propios de la UE. El documento de la Presidencia irlandesa es una base para las negociaciones. El MFP no puede aprobarse sin la unanimidad de los Estados miembros en el Consejo y el acuerdo del Parlamento Europeo.

Los dos correlatores del Parlamento para el marco financiero plurianual, Siegfried Mureșan, del PPE y de Rumanía, y Carla Tavares, del S&D y de Portugal, rechazan el nivel propuesto y afirman que la reducción limitaría la capacidad de la UE para financiar simultáneamente la competitividad, la defensa, la seguridad, la agricultura y la política regional. Mureșan advierte de que «los recortes que debilitan a Europa no contarán con nuestro acuerdo» y sostiene que el Parlamento está preparado para negociar, pero no para aceptar un compromiso basado predominantemente en la reducción de las contribuciones netas de los Estados.

La posición de Mureșan es relevante por su función como correlator del Parlamento para el MFP, no como posición oficial de Rumanía. De la reducción del 8 % del límite máximo general no se desprende que la futura asignación para Rumanía vaya a disminuir automáticamente en el mismo porcentaje. La distribución entre Estados y programas depende de las normas de cada instrumento, de los criterios de asignación y del resultado final de las negociaciones.

Carla Tavares centra las críticas en las dos áreas en las que la diferencia respecto a la propuesta de la Comisión es mucho mayor que la reducción media. La rúbrica «Competitividad, prosperidad y seguridad» pierde 66.605 millones de euros frente a la propuesta de la Comisión, calculada sobre la misma base de precios. Para los eurodiputados, la disminución se produce en un momento en que la UE intenta simultáneamente reducir la brecha de inversión, financiar nuevas capacidades industriales y tecnológicas y reforzar la defensa.

En el caso de la política exterior, es importante distinguir entre la rúbrica Global Europe y el instrumento legislativo del mismo nombre. La rúbrica completa baja de 190.000 a 156.936 millones de euros, lo que da lugar a la reducción del 17,4 % mencionada por los relatores. El instrumento Global Europe dentro de esta arquitectura disminuye por separado de 176.830 a 148.984 millones de euros, aproximadamente un 15,75 %. Por tanto, una reducción del 17,4 % de la rúbrica no significa que cada programa de desarrollo o cada beneficiario externo vaya a recibir automáticamente un 17,4 % menos.

Las cuatro cifras principales se comparan a precios constantes de 2025 precisamente para evitar el efecto de la inflación sobre un periodo que se extiende hasta 2034. El documento de negociación también incluye valores a precios corrientes, pero precisa que se presentan con carácter ilustrativo. Mezclar las dos bases podría crear la impresión de un aumento o una reducción distintos de los que resultan de la comparación realizada a los mismos precios.

La disputa sobre el tamaño del presupuesto también se complica por las obligaciones que deberá financiar el próximo MFP. Entre ellas figura el reembolso de la deuda contraída para NextGenerationEU, lo que significa que una parte de los recursos del futuro presupuesto se utilizará para obligaciones derivadas del programa de recuperación puesto en marcha después de la pandemia y no podrá destinarse a nuevos programas. Por ello, la simple comparación entre el valor nominal del presupuesto actual y el futuro no muestra por sí sola cuánta capacidad de financiación tendrá la UE.

El Parlamento y el Consejo también discrepan sobre la otra mitad de la ecuación: de dónde procede el dinero. Danuše Nerudová y Sandra Gómez López, correlatoras del Parlamento para los recursos propios, afirman que el documento de la Presidencia irlandesa no representa avances suficientes en relación con nuevas fuentes de ingresos para el presupuesto común.

Los recursos propios son los ingresos que financian el presupuesto de la UE e incluyen el sistema actual de contribuciones, los ingresos aduaneros y otras fuentes. El Parlamento ha propuesto ampliar estos recursos con nuevos mecanismos para reducir la presión sobre las contribuciones directas de los Estados y financiar las nuevas obligaciones de la Unión. Las propuestas en debate, incluidas distintas formas de contribuciones vinculadas a actividades digitales, juegos en línea o criptoactivos, no son impuestos europeos ya aprobados.

Esta parte de la negociación sigue también un procedimiento jurídico diferente. El Reglamento sobre el marco financiero plurianual debe ser adoptado por unanimidad por el Consejo, tras obtener el acuerdo del Parlamento Europeo. La decisión sobre el sistema de recursos propios requiere, a su vez, unanimidad en el Consejo y aprobaciones a nivel nacional conforme a los requisitos constitucionales aplicables. Por tanto, un acuerdo sobre el gasto no resuelve automáticamente la cuestión de su financiación.

Por ello, la declaración de los cuatro relatores tiene un peso procedimental mayor que una simple crítica política. El Parlamento no puede reescribir por sí solo el presupuesto plurianual, pero puede negarse a dar su aprobación al reglamento final. Al mismo tiempo, la reacción de los relatores todavía no representa un voto del Parlamento contra el documento irlandés ni cierra la negociación con los Estados miembros.

El documento actual es lo que las instituciones denominan un «negotiating box», una estructura en la que la Presidencia del Consejo intenta reducir gradualmente las diferencias entre los Gobiernos sobre los límites máximos, las prioridades y la arquitectura del futuro presupuesto. Todavía no establece asignaciones definitivas ni genera derechos de financiación para Estados, regiones o beneficiarios.

La negociación parte de la propuesta presentada por la Comisión en julio de 2025 y ya ha pasado por varias etapas bajo distintas presidencias del Consejo. El objetivo político es alcanzar un acuerdo sobre el marco general a finales de 2026, de modo que la legislación sectorial pueda finalizarse en 2027 y el nuevo sistema funcione desde comienzos de 2028.

El próximo hito importante es la reunión del Consejo Europeo de los días 15 y 16 de octubre. Los líderes de los 27 Estados volverán a debatir el futuro presupuesto, junto con otras prioridades europeas. Sin embargo, cualquier compromiso político entre los jefes de Estado o de Gobierno tendrá que incorporarse posteriormente a los textos jurídicos y negociarse con el Parlamento.

Lo que está en juego va más allá de la cifra total de la primera línea de la tabla. Una reducción de 141.000 millones de euros puede repartirse de maneras muy diferentes entre la agricultura, las regiones, la investigación, la industria, la defensa, la política exterior y la administración europea. El debate que comienza ahora gira precisamente en torno a esta elección: qué prioridades puede financiar simultáneamente la UE y cuánto están dispuestos a poner en común los Estados para el periodo 2028–2034.