El gobierno de España ha impuesto una multa de más de 64 millones de euros a la compañía Airbnb, principalmente por listar propiedades prohibidas, en un momento en que el país enfrenta una crisis de vivienda. El Ministerio de Asuntos de los Consumidores ha declarado que Airbnb debe eliminar el contenido ilegal, teniendo en cuenta que 65,122 anuncios han violado las normas de consumo, incluyendo la promoción de propiedades sin licencia. La multa representa seis veces las ganancias ilegales obtenidas por Airbnb en el período en que fue advertida sobre los anuncios problemáticos.
El auge del turismo ha traído beneficios económicos a España, pero ha generado preocupaciones locales relacionadas con viviendas cada vez más caras e inaccesibles. El Ministerio de Derechos de los Consumidores también ha ordenado a la plataforma Booking.com que elimine más de 4,000 anuncios ilegales. El ministro Bustinduy ha subrayado que nadie, independientemente de su poder, está por encima de la ley, especialmente en lo que respecta a la vivienda.
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