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Decenas de miles de personas protestaron el sábado en Madrid y en varias ciudades de España por el derecho a la vivienda, un día después de que el Parlamento rechazara las medidas propuestas por el Gobierno socialista encabezado por Pedro Sanchez para combatir la crisis inmobiliaria.
Las protestas fueron organizadas por el sindicato de inquilinos y se desencadenaron por el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba casi siete décadas viviendo en el mismo apartamento de Madrid. La empresa inmobiliaria que compró la vivienda intentó subirle el alquiler un 275 %, y el caso se convirtió en un símbolo de las dificultades a las que se enfrentan los inquilinos españoles.
En Madrid, los manifestantes partieron de la zona de la Puerta del Sol, donde los activistas protestan desde hace más de una semana, y llevaron una pancarta con el mensaje «Hacia una huelga general». Los alquileres se han duplicado en la última década, hasta alcanzar aproximadamente 1.200 euros al mes, casi lo mismo que el salario medio de un joven.
El Gobierno había propuesto suspender los desalojos de inquilinos vulnerables hasta 2030, congelar los alquileres durante dos años y establecer normas más estrictas para los alquileres de corta duración. Los proyectos fueron rechazados por el Partido Popular, Vox y la formación catalana Junts. La votación también reavivó los debates sobre unas posibles elecciones anticipadas, antes del fin de la legislatura previsto para 2027.
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