El Gobierno de coalición de España aprobó el martes dos decretos por los que propone prohibir los desahucios hasta 2030, prorrogar los contratos de alquiler hasta 2028 y establecer normas más estrictas para las viviendas alquiladas a corto plazo. Las medidas fueron adoptadas tras las protestas desencadenadas por el desahucio de una mujer de 87 años de su vivienda en Madrid.
Los decretos entran inmediatamente en vigor, pero deben ser aprobados por el Parlamento en un plazo de 30 días. El Gobierno encabezado por Pedro Sánchez no tiene mayoría, y el apoyo de los partidos de derechas, incluida la formación catalana Junts, es esencial. En abril, un decreto sobre la prórroga de los contratos de alquiler había sido rechazado.
El paquete también prevé una regulación más estricta del alquiler de habitaciones, así como la prohibición de que los fondos de inversión compren viviendas. La oposición advierte de que las medidas podrían afectar a los pequeños propietarios.
El caso de Maricarmen Abascal se ha convertido en un símbolo de la crisis de la vivienda. La mujer fue desahuciada después de que el alquiler aumentado por la empresa que había comprado el inmueble superara el importe de su pensión. Mientras tanto, el propietario ha aceptado que regrese al apartamento.
La decisión del Gobierno llega en un contexto de escasez estimada en 700.000 viviendas y de un aumento del 12,2% en los precios de la vivienda en un solo año. Las protestas tuvieron lugar en Madrid, Barcelona y otras ciudades.
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