El gobierno de Madrid ofrecerá estatus legal para 500.000 migrantes sin documentos, medida cuestionada por la oposición, pero considerada histórica por las autoridades.

El gobierno español ha decidido otorgar estatus legal a al menos 500.000 migrantes sin papeles a través de un decreto real, una medida que ha sido aclamada por las autoridades como un paso necesario, pero cuestionada por la oposición. La nueva regulación se aplica a extranjeros sin antecedentes penales que puedan demostrar una estancia de al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025. Las solicitudes para la legalización podrán presentarse desde abril hasta junio, y aquellos aceptados recibirán un permiso de residencia válido por un año, con posibilidad de prórroga.

Esta medida tiene como objetivo la integración social y la reducción de la economía informal, en el contexto de un aumento en el flujo de migrantes, especialmente de América Latina. El número de migrantes sin papeles ha aumentado de 107.409 en 2017 a 837.938 en 2025. El gobierno considera que la migración es un motor de crecimiento económico, mientras que la oposición advierte que la legalización podría estimular nuevas oleadas de migración y presionar los servicios públicos. Críticas también provienen de la extrema derecha, que pretende impugnar la medida ante el Tribunal Supremo.