Una empresa de España ha sido sancionada con un millón de euros por un impuesto ilegal impuesto a los clientes

Una empresa de alquiler de coches en España ha sido acusada por la Autoridad de Protección al Consumidor por imponer una tasa de gestión administrativa de las multas, que oscila entre 33,88 y 45 euros, en las facturas de los clientes que han cometido infracciones de tráfico.

Esta justificó la tasa por los costos de procesamiento y la comunicación de la identidad del conductor a las autoridades. Las autoridades consideraron la tasa abusiva, subrayando que la Ley de Tráfico en España ya impone al propietario del vehículo la obligación de identificar al conductor, por lo que este costo no puede ser transferido al consumidor.

La investigación fue iniciada por la asociación vasca EKA/ACUV, que señaló que la empresa continuó cobrando la tasa, incluso después de que un tribunal declarara la cláusula nula en 2020. La empresa ahora tiene la posibilidad de impugnar la multa de un millón de euros impuesta por las autoridades.