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Economía
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La Ley n.º 141/2025, que entrará en vigor el 28 de julio de 2025, reintroduce la obligación de los pensionistas con pensiones superiores a 3.000 lei de pagar la contribución a la salud (CASS) por la cantidad que supere este umbral. Esta medida, considerada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en 2022, afecta directamente los ingresos de cientos de miles de pensionistas, reduciendo sus pensiones netas. Los críticos subrayan que la imposición contraviene el principio de contributividad, penalizando a las personas que han contribuido más al sistema público de pensiones. Además, se argumenta que esta medida crea discriminaciones entre pensionistas y representa una intromisión en el derecho de propiedad sobre la pensión. Las reacciones por parte de los pensionistas no han tardado en aparecer, muchos impugnando la legalidad de la medida en los tribunales. Si las disposiciones son declaradas inconstitucionales, el estado podría verse obligado a restituir las cantidades retenidas, generando un impacto presupuestario significativo. Esta situación pone de manifiesto la tensión entre las necesidades presupuestarias y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables.
Fuentes
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