Los jueces del Tribunal Constitucional han declarado inconstitucional el OUG 153/2024, que proponía un aumento de los ingresos del personal del Ministerio de Economía mediante un incremento del 15% por la complejidad del trabajo. El proyecto, inicialmente destinado a la reorganización del ministerio, fue impugnado por el presidente Nicușor Dan, quien subrayó que crearía un tratamiento diferenciado entre los empleados nombrados antes y después de la reorganización.
El CCR ha establecido que el Parlamento ha sobrepasado los límites de la solicitud de reexaminación, modificando el proyecto de manera inadmisible, lo que ha llevado a su invalidación. Esta decisión subraya la importancia del respeto a los procedimientos legislativos en el proceso de adopción de leyes.
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