El 12 de diciembre, el presidente Nicușor Dan promulgó una ley que sanciona severamente la violación de las sanciones internacionales impuestas por la Unión Europea. Los delitos incluidos en este acto normativo se refieren a diversos comportamientos, como poner a disposición de entidades designadas fondos o recursos económicos, no respetar su congelación, así como facilitar la entrada en el territorio de Rumanía de personas sujetas a sanciones.
Además, la continuación de transacciones con países terceros o entidades controladas por estos, la comercialización de bienes prohibidos y la prestación de servicios financieros en contradicción con las sanciones también se consideran delitos. La ley prevé penas de prisión de uno a cinco años para quienes infrinjan estas regulaciones, subrayando así el compromiso de Rumanía de respetar y aplicar las sanciones internacionales.
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