El presidente Nicușor Dan ha anunciado la promulgación de una ley que regula la sanción de la corrupción de funcionarios públicos extranjeros implicados en operaciones económicas internacionales.

Esta ley representa un paso significativo en la alineación de Rumanía con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en el logro del objetivo estratégico de adhesión a la OCDE. La nueva legislación prevé multas más altas para las personas físicas, con un valor de la multa diaria entre 500 y 10.000 lei, y permite la confiscación de bienes obtenidos de actos de corrupción. Además, la corrupción de funcionarios públicos extranjeros será sancionada, incluso si estos utilizan su cargo de manera inapropiada. Nicușor Dan subrayó que la adhesión de Rumanía a la OCDE, estimada para 2026, atraerá inversiones extranjeras y aumentará la confianza en la economía nacional.