El presidente Nicușor Dan promulgó el lunes 5 de octubre de 2026 la Ley 218/2026, que regula la intervención inmediata para prevenir y combatir los ataques de osos contra las personas y sus bienes. La norma duplica también las cuotas de captura para los años 2026 y 2027, hasta casi 1.000 ejemplares anuales.
Para cada uno de los dos años se establece una cuota preventiva de casi 900 osos y una cuota de intervención de 110 ejemplares. Las medidas están justificadas por el número cada vez mayor de osos que llegan a las localidades en busca de alimento, incluso a viviendas o contenedores de basura.
La nueva ley permite al equipo local de intervención, dirigido por el alcalde o el vicealcalde e integrado junto con gendarmes, personal cinegético y un veterinario, decidir rápidamente las medidas necesarias, sin aprobaciones adicionales del ministerio. En función del nivel de riesgo, el oso puede ser ahuyentado, sedado y reubicado o, en situaciones graves, eutanasiado o abatido a tiros.
La norma también simplifica los contratos de disponibilidad permanente entre ayuntamientos, veterinarios y asociaciones de caza. En mayo, el presidente impugnó la ley ante el Tribunal Constitucional, pero el recurso fue rechazado en junio. La Cámara de Diputados aprobó la forma final el 16 de septiembre, tras una revisión, con 249 votos a favor.
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