El proyecto propone medidas para que los administradores sean más responsables, aumente la transparencia de los procedimientos de insolvencia y se reduzca su duración.

El proyecto de ley pretende reforzar la responsabilidad de los directivos, incluyendo la prohibición de fundar empresas durante los cinco años siguientes a una sanción y aclarando las obligaciones de información financiera. Regula las ventas fraudulentas a filiales e introduce la presunción de inexistencia de contabilidad en caso de no presentación de estados financieros. Las medidas incluyen la notificación a los acreedores fiscales, la limitación de los acreedores afiliados al comité de acreedores y la reducción de la duración de los procedimientos de insolvencia mediante revisiones periódicas y subastas públicas. Las autoridades creen que los cambios mejorarán el clima empresarial y protegerán los derechos de los acreedores.