Nicușor Dan ha promulgado la ley de pensiones privadas, que regula la autorización, organización y control de los proveedores de pensiones privadas y de los fondos de pago. Las modificaciones fueron necesarias después de que el Tribunal Constitucional de Rumanía (CCR) estableciera que un artículo que permitía a las personas con afecciones oncológicas recibir el 100% del activo de la pensión privada infringía el principio de igualdad en derechos.
La ley define el marco de funcionamiento del sistema de pensiones privadas, incluidas las reglas para el almacenamiento de activos y la aprobación de auditores financieros. El pago de las pensiones se realizará a través de fondos dedicados, administrados por proveedores autorizados. El CCR ha solicitado la corrección de la discriminación, subrayando que las excepciones basadas en afecciones médicas no cumplen con los criterios objetivos de igualdad.
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