El presidente Nicușor Dan envió, el martes, una solicitud al Tribunal Constitucional de Rumanía, impugnando la constitucionalidad de la Ley que modifica la Ordenanza de urgencia del Gobierno relativa a la utilización de las playas del Mar Negro. La ley permite al titular del derecho de propiedad, el estado, atribuir gratuitamente a las autoridades locales una fracción de hasta el 20% de las playas utilizadas con fines turísticos.
Nicușor Dan argumenta que las autoridades locales no tienen la capacidad de recibir estas playas, ya que no son instituciones de utilidad pública, contrariamente a las disposiciones constitucionales. Así, sostiene que la solución legislativa contraviene el artículo 136, párrafo 4 de la Constitución, que regula el dominio público del estado.