La Corte de Justicia confirma la validez de la Directiva europea sobre salarios mínimos adecuados

Bruselas, 11 de noviembre de 2025 - El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha confirmado que la Directiva (UE) 2022/2041 sobre salarios mínimos adecuados tiene una base jurídica sólida, rechazando la solicitud de Dinamarca de anular el acto. La Comisión Europea ha acogido con satisfacción la decisión, afirmando que esta refuerza el compromiso de la Unión con la equidad social y condiciones de trabajo decentes en todos los Estados miembros. La directiva establece criterios comunes mediante los cuales los Estados de la UE deben garantizar salarios mínimos justos, ya sea a través de legislación o negociación colectiva. Según la Comisión, su aplicación contribuye a reducir las desigualdades salariales, a combatir la pobreza entre las personas trabajadoras y a fortalecer la demanda interna. "Cada trabajador en Europa debería poder vivir de su trabajo. La decisión de hoy es un hito para la dignidad y la equidad", declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La vicepresidenta ejecutiva para derechos sociales, Roxana Menzatu, añadió que la decisión "refuerza el modelo social europeo basado en salarios justos y negociación colectiva sólida". El Tribunal confirmó la validez de los artículos relacionados con la negociación colectiva, considerados esenciales para proteger a los trabajadores con bajos ingresos. Solo se anularon partes de dos disposiciones sobre los criterios de cálculo de los salarios mínimos y la prohibición de su reducción en caso de indexación automática, sin afectar la transposición nacional. La Comisión está analizando el impacto de estas modificaciones, precisando que el proceso de aplicación de la directiva continúa en todos los Estados miembros. Desde la adopción del acto, los salarios mínimos han aumentado en la mayoría de los países de la UE, y las diferencias entre los niveles más altos y más bajos se han reducido. A principios de 2025, el salario mínimo estaba regulado por ley o acuerdo marco en 22 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Solo Dinamarca, Italia, Austria, Finlandia y Suecia no aplican un salario mínimo nacional, basándose en cambio en negociaciones colectivas entre los socios sociales. Los datos publicados por Eurostat muestran que las diferencias entre los Estados siguen siendo considerables, reflejando la diversidad de los niveles de protección social y de productividad económica en el marco del mercado único. En enero de 2025, el salario mínimo mensual bruto era inferior a 1,000 euros en diez Estados miembros, entre ellos Rumanía (814 €), Bulgaria (551 €) y Hungría (707 €), mientras que Luxemburgo tenía el nivel más alto, de 2,638 €. Estas disparidades confirman las brechas persistentes entre el este y el oeste de la Unión, pero también los progresos realizados en los últimos años, especialmente en Europa Central y del Este, donde los aumentos salariales han contribuido a la reducción gradual de las diferencias de ingresos. La Directiva (UE) 2022/2041 sobre salarios mínimos adecuados es una iniciativa legislativa importante de la Unión Europea, adoptada en octubre de 2022, que busca garantizar a todos los trabajadores de los Estados miembros un ingreso suficiente para un nivel de vida digno. No impone un salario mínimo único a nivel europeo, sino que establece un conjunto común de principios mediante los cuales cada país debe fijar y evaluar y actualizar su propio salario mínimo, en función del costo de la vida, la productividad y las condiciones económicas internas. La directiva también exige que el proceso de fijación del salario mínimo sea transparente y que involucre a los socios sociales, sindicatos y organizaciones empresariales, en un diálogo periódico, al menos una vez cada dos años. La importancia de esta directiva es doble: social y económica. Apoya el objetivo del Pilar Europeo de Derechos Sociales de garantizar empleos decentes para al menos el 78% de los europeos activos para 2030, al tiempo que reduce las desigualdades salariales y el riesgo de pobreza en el trabajo. Para los Estados miembros de Europa Central y del Este, como Rumanía, Bulgaria o Letonia, el acto ofrece un marco mediante el cual los salarios mínimos pueden alinearse más estrechamente con los costos reales de la vida y con los estándares de equidad en el mercado interno europeo.

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