18 países de la UE, entre ellos Rumanía, piden que se modifique la ley antifracking para evitar desventajas competitivas y simplificar las normas de información.

La mayoría de los países de la UE, incluida Rumanía, han pedido a la Comisión Europea que suavice la normativa sobre deforestación, alegando que sus productores se enfrentan a una desventaja competitiva. La ley antideforestación, que exigirá pruebas de que los productos no proceden de la deforestación, ya se ha retrasado, y los países piden ahora que las normas se apliquen sólo cuando los riesgos de deforestación sean significativos. Esto podría llevar a los productores europeos a trasladarse a empresas extranjeras para evitar costes adicionales.