EPPO ha llevado a juicio a cinco personas por un fraude de 850.000 € con sistemas de riego en Rumanía

Los fiscales han acusado a cinco personas tras el descubrimiento de un esquema que implica un consejo de administración inexistente y adquisiciones fraudulentas.

Luxemburgo, 18 de diciembre de 2025 La Fiscalía Europea (EPPO) de Iași ha llevado a juicio a cinco personas y tres empresas involucradas en un esquema de fraude al presupuesto de la UE por aproximadamente 850.000 euros. Las acusaciones se refieren a un proyecto de modernización de los sistemas de riego, en el que también está involucrado un funcionario público de la Agencia para la Financiación de Inversiones Rurales (AFIR), acusado de facilitar la obtención ilegal de fondos.

En resumen

Los principales acusados han engañado a las autoridades presentando documentos falsos para una cooperativa agrícola que no existía legalmente y no tenía un consejo de administración funcional.

Un funcionario público de una oficina regional de AFIR está acusado de corrupción y complicidad por la aprobación de pagos fraudulentos y la divulgación de información confidencial a cambio de beneficios.

Los fiscales ya han congelado cuentas bancarias y han embargado bienes inmuebles por un valor estimado de 1,3 millones de euros para recuperar el daño causado al presupuesto de la UE.

La investigación ha revelado una manipulación sistemática del proceso de financiación. El presidente de facto de la cooperativa y el presidente estatutario están acusados de haber presentado documentos fabricados a AFIR, alegando que una asamblea general aprobó el proyecto, aunque tal reunión no tuvo lugar. Además, el procedimiento de adquisición para seleccionar un contratista para los trabajos de riego fue manipulado para favorecer a una empresa propiedad de uno de los acusados y administrada por su esposa.

Las pruebas sugieren que una parte significativa de los fondos fue posteriormente blanqueada a través de transferencias disfrazadas en reembolsos de préstamos. El esquema habría sido ayudado por un gerente de AFIR que, entre 2018 y 2023, aprobó las solicitudes de pago a pesar de las irregularidades. Si son hallados culpables, los acusados enfrentan penas de prisión de hasta diez años y medio por fraude agravado con subvenciones y blanqueo de capitales.

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