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El TEDH rechazó las demandas de cinco jueces relativas al pago fraccionado de unos atrasos salariales ganados en los tribunales

Riana Gegiu
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22 octubre 2026, 11:24
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Actualidad
Foto: Shutterstock.com
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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) desestimó por manifiestamente infundadas y, por consiguiente, inadmisibles, las demandas presentadas por cinco jueces y exjueces contra Rumanía. Los demandantes impugnaron el pago tardío y aplazado de determinados derechos salariales establecidos mediante resoluciones judiciales.

Las cantidades representaban derechos considerados discriminatorios en comparación con los concedidos a otros jueces, fiscales y funcionarios públicos. Los demandantes sostuvieron que el Estado no había ejecutado íntegramente las resoluciones por las que se le había obligado a efectuar los pagos.

El TEDH reafirmó que la falta de fondos no puede constituir, en principio, una justificación para la inejecución de una resolución judicial. Sin embargo, en las circunstancias excepcionales examinadas, el Tribunal constató que las autoridades rumanas habían adoptado medidas sucesivas para el pago gradual de las cantidades, en el contexto de graves restricciones económicas y fiscales.

Los jueces europeos consideraron que, aunque los retrasos habían sido considerables, no habían afectado a la esencia del derecho de los demandantes a obtener la ejecución de las resoluciones ni les habían impuesto una carga individual excesiva. El TEDH concluyó que no se había vulnerado el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Contexto: antes de la decisión del TEDH, la disputa sobre el pago de los atrasos salariales de los magistrados llegó al Tribunal Supremo

Antes de la decisión del TEDH, el Tribunal Supremo de Casación y Justicia aplazó en varias ocasiones la resolución del expediente relativo a la obligación del Gobierno y del Ministerio de Finanzas de pagar los derechos salariales atrasados establecidos mediante resoluciones judiciales. La importancia financiera se estimó en aproximadamente 5.000 millones de lei, mientras que el plazo de ejecución establecido por el Tribunal de Apelación de Bucarest era de 10 días desde que la resolución adquiriera carácter firme, con penalizaciones del 1% por cada día de retraso y una multa diaria del 20% del salario mínimo bruto.

Asimismo, paralelamente al recurso, el Gobierno solicitó que se sometiera el asunto al Tribunal Constitucional y al TJUE, impugnando la posibilidad de que los tribunales impusieran asignaciones presupuestarias y sosteniendo que el presupuesto corresponde a las atribuciones del poder ejecutivo y legislativo. En una etapa anterior, el Tribunal Supremo indicó que el pago podía efectuarse bien de forma efectiva, bien mediante la emisión de títulos de valor con vencimiento posterior, y señaló que, para algunas deudas de cinco años de antigüedad, los accesorios podían representar una proporción muy elevada del importe principal.

Fuentes

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Economedia
CEDO permite eșalonarea restanțelor salariale ale magistraților
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Presshub
CEDO critică mecanismul prin care magistrații și-au majorat salariile în instanță. Judecătorii europeni observă conflictul de interese și spun că statul nu trebuie să plătească imediat toate restanțele
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Digi24
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Mediafax
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TEDH derechos humanos El Estado rumano derechos salariales sentencias judiciales

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