Antes de la publicación de los datos del CSM, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró inadmisibles las demandas de cinco jueces y exjueces rumanos relativas al pago retrasado y fraccionado de determinados atrasos salariales establecidos mediante resoluciones judiciales. El TEDH señaló que la falta de fondos no justifica, en principio, el incumplimiento de las resoluciones, pero consideró que, en las circunstancias analizadas, las autoridades habían adoptado medidas sucesivas de pago gradual debido a las restricciones económicas y fiscales, sin que se viera afectada la esencia del derecho de los demandantes.
Por separado, en el marco de la misma categoría de litigios, el Tribunal Superior de Casación y Justicia ha aplazado varias veces la decisión en el proceso contra el Gobierno y el Ministerio de Finanzas relativo al pago de determinados atrasos salariales de los magistrados, estando en juego aproximadamente 5.000 millones de lei. En el asunto también se formularon solicitudes para remitir cuestiones al Tribunal Constitucional y al TJUE, y el Tribunal de Apelación de Bucarest había ordenado anteriormente la ejecución de la decisión, con penalizaciones por retraso.
