Se espera que el Tribunal Supremo de Casación y Justicia pronuncie hoy el veredicto definitivo en el proceso relativo al pago de los atrasos salariales de los magistrados, estimados en 5.000 millones de lei

Se prevé que el Tribunal Superior de Casación y Justicia pronuncie el jueves la decisión definitiva en el proceso interpuesto contra el Gobierno y el Ministerio de Finanzas para el pago de derechos salariales atrasados de los magistrados, por un valor aproximado de 5.000 millones de lei. La decisión ya se ha aplazado cinco veces.

En primera instancia, el Tribunal de Apelación de Bucarest admitió la demanda del Tribunal Superior y obligó al Gobierno y al Ministerio de Finanzas a pagar las cantidades, incluso mediante una rectificación presupuestaria. El pago debería efectuarse en un plazo de 10 días desde que la sentencia sea firme, con penalizaciones del 1 % por cada día de retraso y una multa del 20 % del salario mínimo bruto nacional por día.

El Tribunal Superior sostiene que el impago de los títulos ejecutivos, algunos de ellos pendientes de pago desde hace más de diez años, afecta al derecho de propiedad de los jueces y socava la autoridad de los tribunales. Sin embargo, el Gobierno cuestiona la posibilidad de que el tribunal imponga asignaciones presupuestarias y ha solicitado que se consulte al Tribunal Constitucional y al TJUE.