La Alta Corte de Casación y Justicia (ÎCCJ) se espera que pronuncie el jueves la solución definitiva en el proceso sobre el pago de los derechos salariales pendientes para los magistrados, resultantes de aumentos establecidos retroactivamente. El tribunal ganó en primera instancia el proceso contra el Gobierno y el Ministerio de Finanzas, y la apuesta de este proceso es de aproximadamente 5 mil millones de lei. La Corte de Apelaciones de Bucarest obligó al Gobierno a pagar estos derechos, estableciendo plazos estrictos y penalizaciones por retraso.
ÎCCJ sostiene que el impago afecta el derecho de propiedad de los jueces y acusa al Gobierno de violar la separación de poderes en el estado. El Gobierno ha solicitado la convocatoria del Tribunal Constitucional para aclarar si los tribunales pueden imponer asignaciones presupuestarias adicionales.
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