La Ministra del Medio Ambiente, Aguas y Bosques, Diana Buzoianu, anunció los resultados de una acción de control sobre el alquiler de playas en Năvodari, donde 62 de 75 contratos tenían construcciones ilegales. Buzoianu subrayó que todos los contratos han expirado y que Aguas Rumanas no los renovará, y que los operadores de playa pagarán alquileres significativamente más altos si se implementa un Plan Urbanístico Zonal (PUZ). Las medidas futuras incluyen un control generalizado en las playas de Rumanía y la creación de un grupo de trabajo para su gestión.
Además, ANAR anunció la organización de licitaciones públicas para el alquiler de playas, reemplazando los contratos antiguos considerados desventajosos para el estado. Buzoianu subrayó que las playas deben permanecer accesibles al público y propuso que el 20% de cada playa se ofrezca gratuitamente a las localidades para acceso libre.
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