El 5 de diciembre de 2025, el Gobierno Bolojan adoptó una Ordenanza de Urgencia que modifica el Código de Procedimiento Fiscal, imponiendo a los proveedores de servicios de criptoactivos la obligación de transmitir información a la Agencia Nacional de Administración Fiscal (ANAF). Esta medida transpone la Directiva UE DAC8, que tiene como objetivo la transparencia fiscal en el ámbito de los criptoactivos.
Con la implementación de esta directiva, las autoridades fiscales podrán identificar los ingresos obtenidos de las transacciones con criptoactivos, reduciendo los riesgos de evasión fiscal. La no implementación de la directiva podría acarrear sanciones significativas por parte de la Comisión Europea. ANAF llevará a cabo medidas para modernizar la infraestructura de TI e implementar los procedimientos necesarios para cumplir con las obligaciones de reporte, alineándose así con los estándares europeos de digitalización y cooperación fiscal internacional.
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