El Tribunal Constitucional de Rumanía ha declarado inconstitucionales ciertas disposiciones de la Ley de modificación del Código de procedimiento penal, incluidos los artículos que regulan la competencia del juez de la sala preliminar.
Las críticas fueron formuladas por la Alta Corte de Casación y Justicia (ICCJ) antes de la promulgación de la ley, subrayando que las modificaciones afectan la "coherencia" del procedimiento penal y los derechos procesales de las partes. El Tribunal constató que las regulaciones propuestas contravienen los estándares de claridad de la ley, afectando la obligación de los órganos judiciales de informar a los participantes en el proceso sobre los plazos de juicio.
Además, según el CCR, se destacó que las resoluciones del juez de la sala preliminar no resuelven el fondo del caso penal, lo que contraviene el principio de autoridad de cosa juzgada. La decisión del CCR es definitiva y de carácter general obligatorio, lo que significa que las disposiciones declaradas inconstitucionales no pueden mantenerse en la forma criticada.
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