La Corte Constitucional (CCR) debatirá el 10 de junio la solicitud del presidente de la Cámara de Diputados, Sorin Grindeanu, para resolver un conflicto jurídico de naturaleza constitucional entre el Parlamento y el Gobierno, relacionado con la Ordenanza SAFE. El 4 de junio, la CCR también analizará la solicitud del Defensor del Pueblo relacionada con la misma ordenanza. Grindeanu sostiene que la Ordenanza de urgencia del Gobierno nº 38/2026 fue adoptada excediendo las competencias constitucionales de un Gobierno destituido, lo que la hace incompatible con la Constitución. Argumenta que las 11 enmiendas introducidas hacen que la ordenanza sea inconstitucional. Además, el Defensor del Pueblo ha presentado una excepción de inconstitucionalidad, invocando también la violación de la obligación de solicitar el dictamen del Consejo Legislativo y la prohibición de emitir ordenanzas por parte de un Gobierno destituido. Esta situación subraya las tensiones entre los poderes del Estado en el contexto legislativo actual.
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