El Bloque Nacional Sindical (BNS) ha dirigido una solicitud oficial a los europarlamentarios rumanos, pidiéndoles que apoyen el informe Danielsson en la votación del pleno del Parlamento Europeo del 12 de febrero de 2026. Este informe, adoptado por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, aborda los problemas estructurales generados por las cadenas de subcontratación y las prácticas abusivas en el ámbito de la intermediación laboral, que afectan los derechos de los trabajadores y distorsionan la competencia. El BNS subraya que estos mecanismos contribuyen a la explotación de la mano de obra y a la competencia desleal, afectando tanto a los trabajadores como a los empleadores honestos.
El BNS apoya las conclusiones del informe, que propone un marco jurídico europeo para prevenir abusos, mecanismos de responsabilidad solidaria, estándares mínimos para los intermediarios laborales y el fortalecimiento de la aplicación de la legislación mediante el refuerzo del papel de la Autoridad Europea del Trabajo. La iniciativa del BNS se alinea con los esfuerzos del movimiento sindical europeo por una Directiva sobre subcontratación e intermediación laboral, que limite la subcontratación y prohíba la externalización de actividades esenciales. El BNS considera crucial que el Parlamento Europeo envíe una señal política fuerte para proteger a los trabajadores y garantizar condiciones laborales justas en la Unión Europea.
El BNS apoya las conclusiones del informe, que propone un marco jurídico europeo para prevenir abusos, mecanismos de responsabilidad solidaria, estándares mínimos para los intermediarios laborales y el fortalecimiento de la aplicación de la legislación mediante el refuerzo del papel de la Autoridad Europea del Trabajo. La iniciativa del BNS se alinea con los esfuerzos del movimiento sindical europeo por una Directiva sobre subcontratación e intermediación laboral, que limite la subcontratación y prohíba la externalización de actividades esenciales. El BNS considera crucial que el Parlamento Europeo envíe una señal política fuerte para proteger a los trabajadores y garantizar condiciones laborales justas en la Unión Europea.
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