Poco antes, varias federaciones sindicales anunciaron una protesta frente al Ministerio de Trabajo (el martes, entre las 11:00 y las 13:00), exigiendo el aumento del salario mínimo a partir del 1 de enero de 2027 y el desbloqueo de las negociaciones colectivas a nivel sectorial y nacional. Los sindicatos sostuvieron que las dos reivindicaciones están relacionadas y que la fijación de un salario mínimo adecuado no puede hacerse únicamente mediante decisiones administrativas, sino que necesita convenios colectivos, advirtiendo también que el bloqueo de las negociaciones afecta el cumplimiento de Rumanía con las normas europeas.
Paralelamente, en el ámbito legislativo de la remuneración, el presidente Nicușor Dan tenía previstas en su agenda conversaciones con los partidos sobre la Ley de remuneración, siendo el objetivo un hito del PNRR de 770 millones de euros, mientras que los sindicatos impugnaron la última versión del proyecto, exigiendo que la reforma sea gestionada por un gobierno con plenos poderes.