ANAF ha notificado a la familia Iohannis para la liberación de la mitad de la propiedad en Sibiu, ya que el estado quiere tomar posesión. Además, han solicitado el pago de 4,7 millones de lei (aproximadamente 929.000 euros) por alquileres no pagados entre 1999 y 2015, suma evaluada por un experto. Aunque ANAF ha inscrito el derecho de propiedad, el proceso para la otra mitad de la propiedad aún está en curso. La deuda no se considera un crédito fiscal, lo que significa que no se procederá a la ejecución de la familia Iohannis, sino que probablemente se llegará a los tribunales para aclarar la suma.
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