ANAF Bucarest ha sido puesta bajo embargo judicial por 50 automóviles, tras la negativa de ejecutar una sentencia definitiva por la cual el estado debía pagar casi 1,8 millones de lei a una empresa de Petroșani, VISA SA.
El litigio, que dura más de una década, comenzó en 2015, cuando la empresa firmó un contrato con la Agencia Rumana para Inversiones y Comercio Exterior (ARICE) para la participación de Rumanía en la feria internacional TUTTO FOOD Milano. A pesar de que los tribunales establecieron la obligación de pago, ANAF y la Tesorería invocaron órdenes administrativas internas para evitar la ejecución. El abogado de la empresa, Gheorghe Vîlceanu, subrayó que las órdenes internas no pueden contradecir el Código de Procedimiento Civil. Después de que las notificaciones del ejecutor judicial fueron ignoradas, VISA SA demandó a ANAF, y los tribunales admitieron la solicitud de validación del embargo.
El embargo incluye automóviles nuevos y vehículos especiales, y si el pago no se realiza, la ejecución forzada podría continuar sobre otros bienes de la institución.
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