Google, Meta, Microsoft y TikTok han publicado el segundo conjunto de informes tras la integración del Código de buenas prácticas contra la desinformación en la Ley de Servicios Digitales. Después del primer año completo de presentación de informes en el nuevo marco, la Comisión afirma que abrirá diálogos con todas las plataformas y motores de búsqueda en línea muy grandes signatarios para examinar el nivel de los compromisos asumidos y la forma en que se aplican.
La Comisión Europea abrirá diálogos con las grandes plataformas en línea y los motores de búsqueda que participan en el Código de buenas prácticas contra la desinformación, tras la publicación de un nuevo conjunto de informes que completa el primer año de seguimiento desde que el Código se integró en el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA). Los informes presentados por proveedores como Google, Meta, Microsoft y TikTok abarcan el período del 1 de enero al 30 de junio de 2026 y describen las medidas aplicadas contra los riesgos de desinformación, incluido el contexto de la guerra en Ucrania y la protección de la integridad de las elecciones.
En resumen
1.Las plataformas signatarias han publicado el segundo conjunto de informes desde que el Código contra la desinformación se convirtió en un código de buenas prácticas en el marco de la DSA.
2.Los informes actuales abarcan el período del 1 de enero al 30 de junio de 2026 e incluyen datos sobre políticas, herramientas, asociaciones, crisis e integridad electoral.
3.Tras acumular un año completo de informes, la Comisión abrirá diálogos con todas las plataformas y motores de búsqueda en línea muy grandes signatarios.
4.Los diálogos examinarán tanto el nivel de los compromisos asumidos por cada servicio como su aplicación efectiva.
5.La apertura de estos diálogos no significa automáticamente el inicio de una investigación en virtud de la DSA ni la constatación de una infracción.
El cambio importante no es la publicación en sí de nuevos informes. Las plataformas llevan varios años presentando informes periódicamente en el marco del Código contra la desinformación. La novedad es el estatus que tienen estos compromisos desde el 1 de julio de 2025, cuando el Código se integró formalmente en la arquitectura de la Ley de Servicios Digitales. Desde ese momento, el cumplimiento de los compromisos asumidos mediante el Código puede utilizarse como referencia pertinente cuando la Comisión analiza la forma en que una plataforma muy grande gestiona los riesgos sistémicos previstos por la DSA.
El Código sigue basándose en compromisos asumidos por los signatarios, y las empresas no están obligadas a suscribir todas las medidas disponibles. Sin embargo, una vez que una plataforma muy grande elige determinados compromisos y declara que los aplica, la diferencia entre lo que promete y lo que hace pasa a ser relevante para evaluar su conformidad. Este es uno de los motivos por los que la Comisión quiere ahora debatir por separado con cada uno de los grandes servicios participantes sobre el nivel de adhesión y la aplicación concreta.
Los informes semestrales proporcionan la materia prima para este análisis. Incluyen información sobre las políticas y herramientas desarrolladas por las plataformas, la colaboración con verificadores de datos y otras organizaciones, las medidas para limitar los incentivos económicos asociados a la desinformación y las intervenciones relacionadas con períodos de alto riesgo. La ronda actual también contiene capítulos dedicados a las crisis en curso, especialmente la guerra en Ucrania, así como a las acciones relativas a la integridad de los procesos electorales.
La Comisión no afirma, mediante la publicación de los informes, que todas estas medidas sean suficientes. Los informes son proporcionados en gran medida por los propios signatarios y deben diferenciarse de la evaluación de la autoridad sobre su eficacia. La integración del Código en la DSA añadió precisamente un nivel adicional de verificación: la adhesión a los compromisos está sujeta a una auditoría independiente anual, y el desempeño puede examinarse en el contexto de las obligaciones relativas a la evaluación y reducción de los riesgos sistémicos.
Para las plataformas en línea muy grandes y los motores de búsqueda en línea muy grandes, este vínculo con la DSA es esencial. Los servicios de estas categorías, definidos por alcanzar el umbral de al menos 45 millones de usuarios activos mensuales en la UE, deben identificar y reducir los riesgos sistémicos generados por su funcionamiento. Entre estos riesgos pueden encontrarse los efectos sobre el discurso cívico, los procesos electorales, la seguridad pública y otros intereses protegidos por el reglamento.
El Código intenta transformar estas obligaciones generales en compromisos más concretos para abordar el problema de la desinformación. Abarca ámbitos como la desmonetización de los contenidos y actores que se benefician económicamente de la desinformación, la transparencia de la publicidad política, el acceso de los investigadores a la información, la verificación de datos, las herramientas para los usuarios y la cooperación durante los períodos electorales.
Esta arquitectura explica también por qué los diálogos anunciados por la Comisión no deben confundirse con los procedimientos formales de aplicación de la DSA. Un diálogo puede identificar ámbitos en los que los compromisos son insuficientes, en los que la plataforma no participa en determinadas medidas o en los que la aplicación debe mejorarse. Sin embargo, una investigación formal implica una etapa jurídica diferente y debe ser anunciada como tal por la Comisión.
Después de los primeros seis meses de funcionamiento del Código en su nueva forma, las plataformas habían presentado en marzo informes sobre el período de julio a diciembre de 2025. Los datos publicados ahora para la primera mitad de 2026 completan por primera vez dos períodos consecutivos de seis meses bajo el régimen de la DSA. La Comisión afirma explícitamente que este año completo de información le permite iniciar los diálogos sobre el nivel de compromiso de cada signatario VLOP o VLOSE.
Las diferencias entre los servicios pueden ser pertinentes. El Código no presupone que Facebook, Instagram, YouTube, Google Search, TikTok, Bing o LinkedIn funcionen de manera idéntica, ni que expongan a los usuarios a los mismos mecanismos de propagación de la información. Un motor de búsqueda, una plataforma de vídeo y una red social tienen arquitecturas diferentes, y las medidas adecuadas para reducir el riesgo pueden diferir en consecuencia.
La evaluación no se refiere únicamente a la existencia de normas escritas. Un servicio puede tener una política contra determinados comportamientos coordinados o un acuerdo con verificadores de datos, pero la cuestión de supervisión es en qué medida la medida funciona a escala de la plataforma, en varios idiomas y en todos los Estados miembros pertinentes. Precisamente esta distancia entre la política declarada, la aplicación y el resultado constituye uno de los problemas que el sistema de presentación de informes intenta hacer más visibles.
La dimensión lingüística es importante para la UE. Las medidas desarrolladas para los grandes mercados o para los contenidos en inglés no producen automáticamente los mismos resultados en las lenguas con menos recursos disponibles para la moderación, la verificación de datos o la investigación. Por ello, el Código incluye indicadores e informes que intentan permitir evaluaciones también a nivel de los Estados miembros, y no solo de forma agregada para toda la Unión.
La protección de las elecciones sigue siendo uno de los componentes más sensibles del sistema. El Código prevé la cooperación entre plataformas, la sociedad civil y los verificadores de datos durante los períodos electorales e incluye un mecanismo de respuesta rápida. Los informes actuales describen las medidas adoptadas por las plataformas en este ámbito, pero su existencia no debe interpretarse automáticamente como una confirmación independiente de que todos los riesgos electorales hayan sido neutralizados.
El mismo principio se aplica a la guerra en Ucrania. Las plataformas describen las acciones emprendidas en el contexto de la crisis, pero la Comisión no convierte, mediante la simple publicación, estas autoevaluaciones en conclusiones propias sobre su eficacia. La siguiente etapa consiste precisamente en evaluar las diferencias entre los compromisos, la aplicación, los datos comunicados y las exigencias más amplias de la DSA.
De este modo, el Código pasó de ser un mecanismo predominantemente voluntario de cooperación a convertirse en un elemento del sistema europeo de supervisión de las plataformas. La adhesión sigue suponiendo compromisos asumidos por las empresas, pero estos compromisos funcionan ahora dentro de una legislación que permite a la Comisión solicitar evaluaciones de riesgos, verificar medidas de mitigación y, al margen del Código, iniciar procedimientos cuando sospecha una infracción de la Ley de Servicios Digitales.
Los diálogos anunciados para la próxima etapa mostrarán hasta qué punto esta transformación importa en la práctica. Después de dos semestres de informes bajo el nuevo régimen, la cuestión ya no se refiere únicamente a lo que las plataformas dicen haber hecho contra la desinformación. La Comisión empieza a examinar qué compromisos ha asumido cada servicio, cómo se aplican y si las diferencias entre las plataformas dejan ámbitos insuficientemente cubiertos.
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