Los fiscales europeos sostienen que un propietario de viñedos de la región de Yambol utilizó información falsa en una solicitud de 348.231,64 euros de fondos agrícolas de la UE, destinados a la plantación de nuevos viñedos, la reconstrucción de estructuras de soporte y la instalación de un sistema de riego por goteo. El pago fue detenido antes de que se transfirieran los fondos.
La Fiscalía Europea, EPPO, ha llevado a juicio en Bulgaria a un propietario de viñedos sospechoso de haber intentado obtener 348.231,64 euros de fondos agrícolas de la Unión Europea utilizando información falsa. La solicitud se refería a inversiones en una plantación vitícola en la región de Yambol, sin embargo, las autoridades identificaron las irregularidades antes de que se pagara la financiación, por lo que el presupuesto de la UE no sufrió una pérdida.
En resumen
EPPO en Sofía ha formulado cargos contra un propietario de viñedos que habría intentado obtener 348.231,64 euros de fondos europeos basándose en información falsa.
La solicitud fue presentada en noviembre de 2023 para la plantación de nuevos viñedos, la reconstrucción de estructuras de soporte y la instalación de un sistema de riego por goteo en la región de Yambol.
Los fiscales sostienen que el solicitante declaró que había presentado declaraciones de cosecha para los años vitícolas 2020, 2021 y 2022, pero las verificaciones mostraron que para 2020 no se había presentado la declaración sobre la producción de uvas para vino.
La financiación no fue pagada, ya que se identificó el supuesto intento de fraude antes de la transferencia de los fondos.
Si es hallado culpable, el acusado enfrenta hasta seis años de prisión y una multa de hasta 5.000 euros. Se beneficia de la presunción de inocencia hasta que se emita una sentencia definitiva.
El caso se refiere a una solicitud de financiación presentada en noviembre de 2023 a través de una intervención destinada a la reestructuración y conversión de viñedos, financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía. El solicitante buscaba obtener 348.231,64 euros para modernizar una explotación vitícola en la región de Yambol, en el sureste de Bulgaria.
El proyecto para el que se solicitaba la financiación preveía la plantación de nuevos viñedos, la reconstrucción de las estructuras de soporte utilizadas en la plantación y la instalación de un sistema de riego por goteo. EPPO no cuestiona la naturaleza de estas inversiones, sino los datos utilizados para demostrar la elegibilidad del solicitante.
Según los fiscales, el propietario declaró que para la explotación se habían presentado las declaraciones de cosecha correspondientes a los años vitícolas 2020, 2021 y 2022. Esta información fue incluida en la solicitud mediante la cual se buscaba obtener la financiación europea.
Sin embargo, la investigación encontró que para el año vitícola 2020 no se había presentado a la autoridad nacional competente la declaración sobre la producción de uvas destinadas a la vinificación. EPPO sostiene que la información contraria proporcionada en la solicitud de financiación fue falsa y que se utilizó para intentar obtener más de 348.000 euros.
La información publicada no especifica si las declaraciones para 2021 y 2022 fueron impugnadas ni indica otras supuestas irregularidades en el expediente de financiación. La acusación descrita por EPPO se centra en la declaración correspondiente al año 2020 y en su uso en el proceso de solicitud de fondos europeos.
El intento no causó una pérdida para el presupuesto de la Unión. EPPO aclara que el supuesto fraude fue detectado lo suficientemente pronto como para que la financiación no fuera transferida al solicitante.
Los 348.231,64 euros representan así la suma que los fiscales sostienen que el propietario intentó obtener, no un daño ya pagado y posteriormente recuperado. La distinción es relevante para el estado del caso, ya que se trata de un intento de obtención fraudulenta de una subvención, y el dinero permaneció en el presupuesto europeo.
La financiación implicada provenía del Fondo Europeo Agrícola de Garantía, uno de los instrumentos mediante los cuales la UE financia la Política Agrícola Común. La intervención para la reestructuración y conversión de viñedos puede apoyar inversiones mediante las cuales las explotaciones vitícolas modifican sus plantaciones o infraestructura para adaptar su producción.
En el caso de Yambol, la elegibilidad para la financiación y la información proporcionada para demostrarla son las que han llegado al centro de la investigación. EPPO no ha publicado el nombre del propietario ni ninguna otra información que permita identificar la explotación.
La remisión a juicio significa que el expediente pasa de la fase de investigación a los tribunales búlgaros competentes. Las acusaciones formuladas por los fiscales deben ahora ser demostradas en juicio, y la comunicación de EPPO no representa un hallazgo definitivo de culpabilidad.
Si el tribunal lo encuentra culpable, el sospechoso puede recibir una pena de hasta seis años de prisión y una multa de hasta 5.000 euros, según la información proporcionada por EPPO. Los límites indicados representan las sanciones posibles aplicables a la acusación, no la pena que se pronunciará automáticamente.
El propietario se beneficia de la presunción de inocencia hasta que su culpabilidad sea establecida por los tribunales búlgaros competentes. EPPO no especifica en la comunicación publicada la fecha de la siguiente etapa del proceso.
La Fiscalía Europea investiga y persigue penalmente los delitos que afectan los intereses financieros de la Unión, incluyendo fraudes relacionadas con subvenciones y programas financiados por el presupuesto de la UE. El expediente en Bulgaria se refiere a una financiación agrícola y ha sido gestionado por la oficina de EPPO en Sofía.
El caso no implica un pago realizado desde el presupuesto europeo. Según los fiscales, la verificación tuvo lugar antes de la transferencia de los 348.231,64 euros, lo que impidió la producción de un daño financiero.
La acusación no establece la culpabilidad del propietario de viñedos. Los tribunales búlgaros deben examinar las pruebas y acusaciones, y la persona implicada permanece presumiblemente inocente hasta que se emita una sentencia definitiva.
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