El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha decidido que la ley de Hungría que discrimina a las personas por su orientación sexual e identidad de género es contraria al acervo de la UE, según la reacción publicada por el Parlamento Europeo. En un comentario formulado tras la sentencia, Tineke Strik, la ponente del Parlamento para el procedimiento del artículo 7 sobre Hungría, afirmó que el veredicto representa un reconocimiento inequívoco de la estigmatización, intimidación y violaciones de derechos sufridas por la comunidad LGBTIQ+ en Hungría.
En resumen
El Parlamento Europeo dice que el TJUE ha decidido en contra de la ley húngara que discrimina a las personas por su orientación sexual e identidad de género.
Tineke Strik afirma que la sentencia reconoce la estigmatización, intimidación y violaciones de derechos sufridas por la comunidad LGBTIQ+ en Hungría.
El Parlamento pide al nuevo gobierno húngaro que implemente la sentencia y restablezca plenamente los derechos de esta comunidad.
El caso se origina en la ley de 2021 mediante la cual el gobierno húngaro restringió la difusión de ciertos materiales a personas menores de 18 años.
La Comisión Europea llevó a Hungría ante el Tribunal, y el Parlamento Europeo se unió al caso en 2023.
En su reacción, Tineke Strik describió la sentencia como "un reconocimiento inequívoco de la estigmatización, intimidación y violaciones de derechos que la comunidad LGBTIQ+ de Hungría ha sufrido a manos del régimen de Orbán". Añadió que, en su opinión, ahora corresponde al nuevo gobierno húngaro la obligación de asegurar la aplicación de la sentencia y de poner "el restablecimiento real y pleno de los derechos de esta comunidad" en el centro de sus planes para restaurar el estado de derecho. En esa misma declaración, Strik afirma que cualquier solución más limitada afectaría la credibilidad de estas reformas.
El comunicado del Parlamento Europeo también destaca las implicaciones más amplias del veredicto. Según Strik, la sentencia tiene consecuencias más allá del caso de Hungría, ya que aclara que los valores de la Unión, consagrados en el artículo 2 del Tratado de la UE, no solo son susceptibles de defensa a través de mecanismos políticos, sino que también pueden ser juzgados directamente ante el Tribunal. En esta lógica, la eurodiputada pide a la Comisión que continúe utilizando este camino cada vez que surjan violaciones graves y sistemáticas de los valores fundamentales de la Unión.
El contexto jurídico del caso está relacionado con la legislación adoptada en Hungría en 2021. Según la presentación hecha por el Parlamento, el gobierno húngaro introdujo entonces normas que restringen la difusión de materiales que fomentan o describen lo que la ley denomina desviación de la identidad de género asignada al nacer, cambio de sexo o relaciones entre personas del mismo sexo, cuando estos materiales están destinados a personas menores de 18 años. La Comisión Europea llevó el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE, considerando que esta legislación infringe las normas del mercado interno, los derechos fundamentales de las personas y los valores de la Unión Europea en su conjunto.
El Parlamento Europeo recuerda que se unió al caso en 2023, en línea con su posición constante en defensa de los derechos LGBTQ+ y las libertades fundamentales en la Unión Europea. El objetivo de esta intervención, según el comunicado, fue contribuir a fortalecer el caso jurídico contra las leyes discriminatorias en Hungría.
La institución también sitúa el veredicto en un marco más amplio de la disputa sobre el estado de derecho en Hungría. El texto recuerda que la diversidad y la no discriminación son valores fundamentales para el Parlamento Europeo y están consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Al mismo tiempo, el comunicado muestra que el Parlamento ha denunciado en repetidas ocasiones el retroceso de los valores europeos en Hungría, incluso en su informe intermedio de noviembre de 2025 sobre el procedimiento del artículo 7, iniciado por eurodiputados en 2018, donde expresó su preocupación por las medidas discriminatorias adoptadas bajo el pretexto de combatir la "propaganda LGBTIQ+".
A través de su formulación, la reacción del Parlamento Europeo indica que la institución ve la decisión del TJUE no solo como un veredicto en un litigio puntual, sino como un hito para la confrontación entre el orden jurídico de la Unión y las legislaciones nacionales consideradas incompatibles con los derechos fundamentales y con los valores previstos en los tratados. Al mismo tiempo, el énfasis en la implementación muestra que, desde la perspectiva del Parlamento, el veredicto del Tribunal abre ahora una nueva etapa, la de la transposición efectiva de la sentencia en derechos concretos para la comunidad LGBTIQ+ en Hungría.
El expediente sobre la ley húngara de 2021 se inscribe en un conflicto más amplio entre las instituciones europeas y Budapest sobre temas de estado de derecho, derechos fundamentales y respeto a los valores previstos en el artículo 2 TUE. Según el Parlamento Europeo, el procedimiento del artículo 7 sobre Hungría, iniciado en 2018, sigue siendo el marco político más amplio en el que se analizan estos desarrollos.
La decisión invocada por el Parlamento se presenta como relevante no solo para los derechos de las personas LGBTIQ+ en Hungría, sino también para la relación entre los instrumentos políticos y judiciales de la Unión en defensa de sus valores fundamentales. El mensaje transmitido por la institución es que la jurisprudencia del Tribunal puede convertirse en una herramienta directa en casos de violaciones graves y sistemáticas.
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