Bruegel propone redirigir los fondos para gigafábricas de IA hacia una autorización y conexión más rápidas de los centros de datos

La Unión Europea debería redirigir los fondos destinados a gigafábricas de inteligencia artificial hacia subvenciones que recompensen una autorización y conexión más rápidas de los centros de datos, recomiendan los investigadores Bertin Martens y Tillman Schenk en un informe de Bruegel. Sostienen que el principal obstáculo para ampliar la capacidad europea de computación es el tiempo necesario para ponerla en funcionamiento, y que la financiación pública debería ayudar a las autoridades a resolver este bloqueo.

En resumen, el informe recomienda subvenciones que recompensen una autorización más rápida y la coordinación necesaria para la conexión. Los autores cuestionan las subvenciones amplias para la construcción de gigafábricas, aunque mantienen una excepción para un grupo reducido de actividades estratégicas. Los datos utilizados indican que la UE tendrá aproximadamente el 5% de la capacidad mundial de computación de IA en 2026 y el 5,6% en 2031. Sin embargo, el inventario excluye la capacidad de IA de los centros de datos en la nube ya existentes de los grandes proveedores estadounidenses en la UE, para los que no existen datos completos. La propuesta CADA prevé zonas de aceleración y un plazo de autorización de como máximo 12 meses desde la presentación de una solicitud completa. Incluye la planificación de las necesidades energéticas, pero la autorización básica agregada no cubre la conexión a la red. Estas disposiciones todavía no son obligaciones aplicables. La Comisión justifica las gigafábricas por el acceso a computación avanzada para la investigación, las empresas y los servicios públicos. Los autores también proponen subvencionar el alquiler de capacidad, así como una etiqueta voluntaria para los servicios procesados en la UE, respaldada por una auditoría externa.

La brecha que describen es grande, incluso en un escenario de rápido crecimiento. Los datos de Europe2031.ai utilizados en el informe indican que la UE tendrá aproximadamente 2 gigavatios de capacidad de IA en 2026, casi el 5% del total mundial, frente a unos 35 GW en Estados Unidos y 5 GW en China. Los proyectos considerados elevarían la capacidad europea hasta casi 21 GW en 2031, pero la cuota mundial alcanzaría solo el 5,6%, ya que la infraestructura también se expande en el resto del mundo.

La estimación tiene una limitación importante: el inventario sigue proyectos de al menos 10 megavatios y excluye la capacidad de IA de los centros de datos en la nube ya existentes de los grandes proveedores estadounidenses en la UE, para los que no existen datos completos. Por tanto, la cifra del 5% no constituye una medición exhaustiva de toda la infraestructura europea. Los gigavatios expresan aquí la potencia asociada a la capacidad de computación; no representan el consumo anual de electricidad ni una medida que refleje íntegramente las diferencias de rendimiento entre chips.

El argumento contra las subvenciones a gran escala parte de las inversiones ya previstas. En el inventario analizado por los autores, 76 de los 101 proyectos están financiados íntegramente con capital privado y representan el 84% de la capacidad planificada. Las cinco gigafábricas incluidas en el escenario del informe añadirían aproximadamente 750 MW, casi el 4% de la capacidad europea proyectada para 2031. Son estimaciones de la contribución futura, no capacidades ya construidas. «El capital privado no es la limitación decisiva para ampliar la capacidad europea de computación de IA», escriben Martens y Schenk, en traducción del informe.

La Comisión Europea justifica el apoyo a las gigafábricas también por el acceso de investigadores, pequeñas y medianas empresas y el sector público a la infraestructura necesaria para modelos avanzados. La iniciativa contempla proyectos liderados por el sector privado y financiación combinada. InvestAI, lanzada en febrero de 2025, pretende movilizar 200.000 millones de euros para la IA, incluido un fondo europeo de 20.000 millones para gigafábricas. Las cantidades representan objetivos de movilización de inversiones, sin demostrar que ya se hayan efectuado pagos.

Los autores cuestionan la necesidad de financiar la construcción de centros para garantizar este acceso. Los investigadores y los servicios públicos podrían recibir subvenciones para alquilar capacidad a operadores privados, argumentan. No obstante, mantienen una excepción para un grupo reducido de actividades estratégicas. El desacuerdo se refiere también a la forma en que se compra el acceso a la computación: mediante el apoyo a la infraestructura o mediante la financiación de su uso.

El coste de los retrasos explica económicamente su propuesta. El informe cita un modelo financiero de Carnegie para un centro hipotético de 100 MW, en el que retrasar un año la entrada en funcionamiento reduce el valor durante todo el ciclo de vida en más del 5,5%. En el mismo modelo, duplicar el precio de la energía reduce el valor un 4,5%. La comparación ilustra cuánto puede pesar el tiempo perdido antes de iniciar la actividad, pero no constituye una pérdida medida en todos los centros europeos: el informe precisa que los resultados son sensibles a las hipótesis del modelo.

En la práctica, un proyecto depende de distintas autoridades para el terreno, el medio ambiente, la construcción y la electricidad. La propuesta de la Comisión sobre el desarrollo de la infraestructura de nube e IA, conocida como CADA, intenta coordinar estos procedimientos mediante zonas de aceleración para centros de datos y puntos únicos de información. Los Estados emitirían una autorización básica agregada para cada zona, mientras que los proyectos obtendrían por separado las autorizaciones adicionales necesarias. El texto propone un plazo máximo de 12 meses para el procedimiento de autorización de los proyectos situados en estas zonas, calculado desde la presentación de una solicitud completa.

Sin embargo, el acceso a la electricidad requiere una precisión respecto a la crítica del informe. Martens y Schenk consideran que la propuesta no resuelve el bloqueo de las conexiones. CADA contiene, no obstante, disposiciones sobre la evaluación de las necesidades energéticas, su integración en los planes de desarrollo de las redes y la coordinación de las autoridades con los operadores de transporte y distribución. Los puntos únicos también podrían facilitar las solicitudes de conexión. Sin embargo, la autorización básica agregada excluye las autorizaciones de conexión a la red, según los considerandos de la propuesta. La simplificación administrativa del centro no le garantiza automáticamente una conexión eléctrica.

La solución propuesta por los investigadores consiste en que las regiones compitan por subvenciones en función de la rapidez de la autorización, con cantidades mayores para aquellas que avancen más rápido. Los fondos podrían proceder de los presupuestos destinados a las gigafábricas, y las inversiones en las redes deberían prepararse con antelación. De este modo, el dinero público apoyaría la coordinación entre las instituciones de las que dependen los proyectos. Se trata de un mecanismo recomendado por los autores, no de un cambio de financiación adoptado por la UE.

Aunque las autorizaciones llegaran más rápido, Europa también tendría que conseguir los chips. El informe describe una oferta mundial limitada a corto y medio plazo por las capacidades de producción y recomienda atraer una mayor parte de los equipos de las grandes empresas estadounidenses a centros situados en la UE. Desde esta perspectiva, unas restricciones demasiado estrictas sobre el origen de los componentes podrían encarecer los proyectos y desalentar las inversiones. Este es el riesgo anticipado por los investigadores, no un efecto ya demostrado de CADA.

Su argumento a favor de localizar la computación en Europa parte de la vulnerabilidad de los servicios digitales frente a intervenciones externas. Instalar la infraestructura en la UE ofrecería a las autoridades más posibilidades de regulación y negociación, pero no eliminaría todas las dependencias: el acceso a los modelos podría restringirse aunque los equipos se encuentren en Europa. La propuesta de la Comisión busca precisamente evaluar riesgos de este tipo mediante cuatro niveles de garantía de soberanía de la nube, con requisitos progresivos sobre la localización de los datos, la independencia y el control de los proveedores.

Martens y Schenk también recomiendan una etiqueta voluntaria para los servicios de IA procesados en la UE, acompañada de pruebas verificables mediante una auditoría externa. Los proveedores deberían demostrar dónde se realizan las operaciones de computación, para evitar promocionar como europeos servicios procesados parcialmente fuera de la Unión. También reclaman mayor transparencia sobre los chips y la capacidad ya instalada en Europa, precisamente para poder evaluar la diferencia entre la demanda europea y la infraestructura que la atiende.

El informe de Bruegel está fechado en septiembre de 2026. CADA fue propuesta por la Comisión en junio y requiere su adopción por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE; las medidas descritas todavía no son obligaciones aplicables. Por separado, la página de la Comisión dedicada a las gigafábricas indica que la convocatoria oficial se lanzó en julio de 2026 y estima que la construcción de la primera instalación comenzará en 2027. El calendario sigue siendo preliminar, y los proyectos anunciados no equivalen a capacidad de computación disponible para los usuarios.