Raluca Turcan, diputada del PNL, expresó el lunes, en las redes sociales, su descontento respecto a las enmiendas apoyadas por el PSD y AUR, que llevaron a la reenvío de la Ley de Integridad al Parlamento.
Turcan subrayó que, en lugar de tener una ley de integridad adoptada, Rumanía debe intervenir legislativamente para alinear la ley con la decisión del Tribunal Constitucional.
Su crítica se centró en una enmienda propuesta por AUR, considerada inconstitucional, que se refería a las declaraciones de patrimonio de los compañeros de vida, y en otra enmienda que podría afectar el mandato del alcalde de Timișoara, Dominic Fritz.
Turcan acusó al PSD de intentos de desestabilización del PNL y USR, advirtiendo que la demora en la adopción de la Ley de Integridad arriesga la pérdida de 770 millones de euros en fondos europeos.
La ley retoma ahora su recorrido legislativo, y el plazo para su adopción es a finales de agosto.
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