Radu Marinescu, el ministro de Justicia y miembro de derecho del CSM, afirmó que no ha firmado la denuncia presentada por el Consejo Superior de la Magistratura (CSM) contra la viceprimera ministra Oana Gheorghiu, quien ha sido acusada de incitación al odio y discriminación. Explicó que la denuncia implica un daño personal, que no puede ser denunciado por un organismo administrativo, sino por jueces o fiscales. El CSM decidió remitir el caso a la Fiscalía tras las declaraciones de Oana Gheorghiu, quien comparó el sistema de pensiones especiales con un Caritas, afirmando que Rumanía no se permite pensionistas especiales. El CSM solicitó a los representantes del poder ejecutivo que mantengan el equilibrio en el discurso público y eviten juicios irresponsables que podrían socavar la independencia de la justicia.
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