La Cámara de Diputados ha adoptado hoy la nueva Ley de Integridad, con 222 votos "a favor", 2 "en contra" y 59 abstenciones.
La ley impone a los dignatarios de Rumanía la obligación de declarar sus bienes, pero también introduce una declaración de intereses financieros pública. Esta será generada automáticamente por la Agencia y publicada en internet en un plazo de 60 días.
Las personas obligadas a hacer públicas estas declaraciones incluyen al presidente de Rumanía, los parlamentarios, los miembros del Gobierno y otros dignatarios.
El proyecto será enviado al Senado, que es la cámara decisoria, y la ley entrará en vigor tras la promulgación por parte del presidente de Rumanía. Esta nueva regulación tendrá un impacto directo sobre la Agencia Nacional de Integridad y los dignatarios de Rumanía.
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